La decisión estatal exige que la Autoridad de Las Palmas reclame a las terminales el impago del aval provisionado para cubrir esos nueve millones. También está confirmado que se demandará a las empresas dos millones por el valor real de las acciones del Puerto en Sestiba frente a los 40.000 euros pagados por las terminales.
José Llorca, nuevo presidente de Puertos del Estado, explicó que la transformación de Sestiba en la nueva empresa Sagep, imposibilita jurídicamente a Luis Ibarra, responsable de Puertos de Las Palmas y propietario del 51% de la antigua Sestiba a pagar la mitad de la deuda que en total asciende a nueve millones.
Llorca esgrime el artículo 43 de los estatutos de Sestiba como prueba de la negación de Madrid porque según el texto, fijaba que los déficits estructurales de la empresa se repartirían entre los miembros antes de la disolución de la compañía, pero con su extinción y la constitución de la nueva Sociedad Anónima de Gestión de Estiba Portuaria (Sagep), ya no tiene sentido.