La Autoridad Portuaria de Valencia y el operador de la terminal de contenedores, Noatum Container Terminal Valencia, están negociando la posibilidad de ampliar las inversiones de la compañía en la terminal.
Así lo ha anunciado el presidente del ente portuario, Rafael Aznar, quien ha explicado que este ha sido el motivo por el que la Autoridad Portuaria ha accedido a suspender el plazo para las obras de urbanización del Muelle de Costa a la que se había comprometido la concesionaria.
Noatum Ports, concesionaria de la principal terminal de contenedores del puerto de Valencia, con más de la mitad del tráfico de la dársena valenciana, anunció a finales de 2012 una inversión superior a los 50 millones de euros en su zona de ampliación de actividad para automatizar el proceso de carga y descarga de contenedores. Entonces se le concedió un plazo de nueve meses, que se amplió hasta principios del próximo año.
Según explica Expansión, esta negociación no incluye la terminal de graneles. La Autoridad Portuaria inició hace unos meses la extinción de esa concesión y la empresa se declaró en concurso de acreedores, lo que podría afectar a la Autoridad Portuaria como acreedor.
Eje de mercancías entre el Mediterráneo y el Cantábrico
Por otro lado, Aznar ha anunciado que el puerto participará con un 10% en el consorcio encabezado por Noatum Ports, que se adjudicó la gestión de la plataforma ferroviaria de Zaragoza-PlaZa, en la que también entrará con otro 10%, el puerto de Bilbao. La participación del puerto se enmarca en una “alianza estratégica e interterritorial” y que permitirá un importante incremento del volumen de mercancías.
El máximo representante del puerto ha considerado que la actividad del Centro Logístico Ferrovial Zaragoza- Plaza demuestra la necesiddad de mejorar la via férrea Valencia-Sagunto-Zaragoza, “una línea en la que se han invertido alrededor de 50 millones de euros y que continúa sin electrificar”.
"Es prioritario acometer las mejoras en esta vía", declaró, al tiempo que apuntó que ya se trabaja con los gobiernos de la Comunitat Valenciana, de Aragón y con Adif con este fin.