El reciente enfrentamiento a causa de la carga y descarga parece haber generado una mayor cohesión entre los representantes empresariales del transporte de mercancías por carretera.

Numerosas asociaciones regionales han salido a defender públicamente el paro patronal previsto para los próximos 27 y 28 de julio, ante lo que el sector considera un desprecio continuo de clientes y responsables políticos.

Del mismo modo, con estas declaraciones también se quiere aumentar la presión ante cualquier negociación.

Así, por ejemplo, la Federación de Empresas de Transporte de Mercancías por Carretera de Castilla y León, Fetracal, afirma en un comunicado que «los transportistas de mercancías de Castilla y León muestran su descontento con el trato recibido por el Gobierno durante los últimos años, en los que ni el ministro del ramo ha tenido una interlocución clara con el sector ni se han atendido las reivindicaciones que se consideran lógicas para resolver problemas estructurales».

Al mismo tiempo, la organización castellanoleonesa muestra «su descontento con un segmento muy importante de cargadores, ya que durante el estado de alarma han maltratado a los conductores de camiones en numerosos centros de carga y descarga de las mercancías, donde se les ha negado hasta la posibilidad de acceder a los aseos y servicios más básicos».

Por otra parte, CETM Madrid también da cuenta «públicamente su descontento y respalda la convocatoria de cese total de actividad para los días 27 y 28 de julio».

Al mismo tiempo, la patronal madrileña del transporte estima que se «mantienen vivas» reivindicaciones como la necesidad de un consenso para la ampliación de la MMA y la altura de los camiones hasta las 44 toneladas y los 4,5 metros, la confirmación oficial de que no se aplicará el pago por uso de infraestructuras (euroviñeta) sin el consenso del sector o la prohibición, salvo excepciones, de que los conductores realicen labores de carga y descarga.

De igual manera, también defiende el pago obligatorio de los servicios de transporte a 30 días como máximo, el pago inmediato de las cantidades adeudadas por el céntimo sanitario y la devolución mensual del gasóleo profesional.