Para la Federación Nacional del Transporte por Carretera francesa, FNTR, los "únicos beneficiarios" de la implantación del salario mínimo francésa conductores extranjeros son los representantes legales que los transportistas foráneos deben nombrar en el país, al cobrar sus servicios a dichas empresas para que puedan cumplir la legislación francesa.
Por contra, "ni el Estado ni las empresas de transporte francesas ganan nada en absoluto" con la aplicación de la Ley Macron que entró en vigor el 1 de julio, según indican desde la Federación.
En opinión de los transportistas galos, el gobierno francés se ha equivocado en el enfoque dado a la normativa, ya que el "desplazamiento" permite a los transportistas extranjeros pagar los impuestos y las cargas sociales de la nómina de sus trabajadores en sus países de origen, aunque el conductor pase la mayor parte de su tiempo en Francia.
Según la Federación, los conductores profesionales que realizan cabotaje en territorio galo deberían tener contratos de trabajo regidos por la legislación del país, y las empresas transportistas extranjeras deberían abonar las cargas sociales de los mismos a las arcas públicas francesas.