Transporte de mercancías por carretera en Galicia

La medida llevaría al «sacrificio de una gran parte de las empresas del sector«, sobre todo las pymes y autónomos.

Si se concreta la subida de impuestos del gasóleo prevista por el nuevo Gobierno, gran parte de las empresas de transporte de Galicia se verían abocadas al cierre, mientras otras muchas tendrían dificultades para mantenerse en el mercado, especialmente las más pequeñas y de transporte ligero.

Esta es la conclusión a la que ha llegado la Federación Gallega de Transportes de Mercancías, Fegatramer, que ha solicitado al Ejecutivo que reconsidere sus planes o que al menos, mantenga las bonificaciones para el gasóleo profesional para todos los transportistas, independientemente de la Masa Máxima Autorizada de los vehículos con los que se trabaje.

Recuerdan en este sentido que los vehículos de menos de 7.500 kg quedan fuera del llamado gasóleo profesional, y por tanto de las devoluciones del impuesto, aunque las empresas se verían igualmente perjudicadas porque tendrían que adelantar el precio debido a esta subida, que asciende a un 31%, aunque se produzca escalonadamente.

Actualmente, en Galicia existen actualmente 6.671 empresas de transporte con cerca de 24.000 vehículos, de las cuales unas 2.500 prestan sus servicios con vehículos de menos de 7,5 toneladas, lo que suma más de 6.000 unidades de este tipo.

2.000 millones de euros de recaudación

La subida de 9.5 céntimos en los impuestos al diésel se traducirá en un aumento en el precio por litro de los 30.7 céntimos a los 40.25 céntimos, igual que la gasolina, aumentado la recaudación en, aproximadamente, 2.000 millones de euros.

Esto supondría un «grave perjuicio para el sector«, por lo que sería necesario mantener el gasóleo profesional y ampliarlo a todos los tipos de vehículos de transporte independientemente de su Masa Máxima Autorizada, así como estudiar compensaciones por el pago anticipado de estos impuestos.

Para Fegatramer, los operadores se convertirían en «una suerte de financiadores del Estado«, al anticipar un impuesto que no se les devolverá hasta meses después. La medida llevaría al «sacrificio de una gran parte de las empresas del sector«, sobre todo las pymes y autónomos, especialmente del segmento del transporte ligero y de distribución.

Afectaría además de forma muy importante a la competitividad de los productos españoles, que llegan a los mercados a través del transporte por carretera. En este sentido, desde la Federación aseguran que la carga impositiva de los carburantes «ya es lo suficientemente significativa«, y denuncian que para la Administración sea tan sencillo cargar cada vez más al sector con nuevos impuestos y tasas.