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El transporte madrileño no descarta impulsar acciones para defender que las empresas puedan «desarrollar dignamente su trabajo«.

El Comité Madrileño de Transporte por Carretera, CMTC, ha mostrado su «alarma y preocupación» ante el contenido de las disposiciones que afectan a Madrid Central y a la Ordenanza de Movilidad, que impiden a sus empresas representadas poder cumplir con sus compromisos de distribución y recogida, mudanzas, suministros y transporte de viajeros.

En su opinión, el Ayuntamiento no ha previsto «las consecuencias y estragos» que, de no graduarse su aplicación y acompasarse al desarrollo tecnológico, puede causar esta normativa, impidiendo tanto el derecho a la movilidad de las personas, como el desarrollo de la actividad económica.

Uno de los integrantes del Comité, CETM-Madrid, ha advertido de que el proyecto de Madrid Central está encaminado a convertir la zona más emblemática de la capital «en una urbanización privada y elitista» y disuadir a los madrileños de acudir a ella.

Desde el CTMC, denuncian que el consistorio no ha realizado ningún estudio sobre el impacto de esta medida ni ha analizado las consecuencias que tendrá para los sectores industriales y de servicios. Tampoco ha recogido en la normativa las aportaciones que se valoraron positivamente en las reuniones mantenidas respecto a calendarios y horarios.

Se trata de una discriminación frente a la EMT, a la que se ha eximido de cualquier restricción o limitación de velocidad prevista. Las empresas de transporte, que también tienen carácter de servicio público, se verán «abocadas al incumplimiento de sus obligaciones«, con la consiguiente destrucción de puestos de trabajo.

Sin oferta de vehículos en el mercado

Esto se debe a las restricciones a los horarios de trabajo fijados en los convenios y a la exigencia de disponer de ciertos vehículos industriales que no estarán en el mercado a corto y medio plazo. En cualquier caso, esto obligaría a unas «inversiones financieras inalcanzables» para las pymes y autónomos,que ascendería, según dicen desde CETM, a 1.300 millones de euros hasta 2025.

Para el Comité, se trata de una «temeridad» regular qué tipo de vehículos y con qué características pueden acceder a las zonas limitadas, con qué tipo de combustible y en qué fechas, sin saber si la industria podrá desarrollarlos para su uso generalizado en estos plazos «inminentes y perentorios«.

Por ello, reclama que el Estado recupere las competencias de medio ambiente en las ciudades, ya que quien asume los compromisos internacionales de emisiones es quien debe regular su aplicación.

De momento, ya se ha posicionado a favor de los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y pide la suspensión de la entrada en vigor de estas medidas. Además, se reserva el derecho de apoyar e impulsar acciones para defender que las empresas puedan «desarrollar dignamente su trabajo«.