Furgonetas de distribución urbana en la Puerta del Sol.

La Asociación cree que se está discriminando al sector en las ayudas municipales para la adquisición de vehículos.

El Comité Madrileño del Transporte se ha reunido recientemente con representantes de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y la Dirección General de Transportes para trasladarse sus opiniones sobre la situación de la distribución urbana de mercancías en la capital.

Desde la Asociación de Empresas de Transportes de la Región Centro, Atradice, han mostrado su preocupación por «la caótica regulación» que se está llevando a cabo desde el Ayuntamiento, dado que existe una «falta total de armonización a nivel nacional, incluso europeo«.

Indican además que existe una «ausencia total de apoyo al servicio público de mercancías» para evitar desplazamientos particulares, a diferencia de lo que sucede en el ámbito de los viajeros.

Para Atradice, supone una clara discriminación que se promuevan ayudas municipales para la adquisición de vehículos de otros colectivos y denuncia la falta de infraestructuras para el suministro de gas y electricidad.

Asimismo, aseguran que dado su coste de adquisición, el sector no está en condiciones de asumir la renovación de flota que exige el calendario planteado para la implantación del Área de Acceso Restringido de Madrid central. A esto se añade la gran inseguridad jurídica generada por las situaciones, horarios, requisitos, tipos y categoría de vehículos afectados por estas restricciones.

Aumento de los impuestos al diésel

Desde la Asociación, valoran negativamente el incremento de la fiscalidad del diésel que plantea el Gobierno. En este sentido, han propuesto la inclusión de incentivos para la transformación de este tipo de unidades en el plan de ayudas para la adquisición de vehículos ecológicos que publicará en septiembre la Comunidad de Madrid.

En cuanto a la inspección, es preciso solucionar el problema de los falsos autónomos, «la mal llamada economía colaborativa«, las falsas cooperativas, el cabotaje ilegal y las empresas buzón, y especialmente la competencia desleal en el transporte ligero.

Por otro lado, se ha propuesto que las Juntas Arbitrales de Transporte asuman la competencia de las reclamaciones amparadas en la acción directa y la aprobación de ayudas para que la profesión de conductor sea atractiva para los nuevos profesionales.