Escollera del dique de ampliacion de El Musel

Para el Tribunal de Cuentas,el incremento del precio final revela defectos en la concepción y la ejecución de la ampliación del Puerto de Gijón.

El Tribunal de Cuentas ha instado a la Administración General del Estado a «ejercer de una forma más eficaz las labores de supervisión y control« en los procedimientos de contratación y ejecución de proyectos, como la ampliación del puerto de El Musel, en la que ha constatado irregularidades como el pago de sobrecostes en las materias primas.

El Tribunal de Cuentas realiza esta recomendación teniendo en cuenta que las obras de ampliación del puerto gijonés, que son objeto de investigación en la Audiencia Nacional tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, «se han producido con retrasos y sobrecostes muy significativos que, además, han empujado a la Autoridad Portuaria de Gijón a una delicada situación financiera«.

En su informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas advierte de que las desviaciones en las previsiones de tráfico portuario, el incremento del coste de las obras de ampliación y, por consiguiente, del nivel de endeudamiento de la Autoridad Portuaria «revelan defectos en la concepción y la ejecución de la ampliación del Puerto de Gijón«.

El órgano fiscalizador, que ha detectado otras debilidades de control interno en materia de contratación y subcontratación, pone énfasis en el sobrecoste de la ampliación de la infraestructura.

Tras recordar el proceso de adjudicación en 2005, por un presupuesto de 579 millones de euros y un plazo de ejecución de 46 meses y la posterior modificación del contrato por casi 251 millones de euros, el Tribunal de Cuentas subraya que los pliegos de cláusulas y las estipulaciones del contrato establecieron que los precios de las unidades de obra que se recogían en el proyecto se consideraban «cerrados y que el contratista no podía, bajo ningún pretexto, pedir su modificación».

Pese a ello, la Autoridad Portuaria abonó a la UTE los aumentos en los precios de los materiales, por un importe adicional de 63,9 millones de euros.

En el apartado de recomendaciones, el Tribunal de Cuentas considera que la Administración General del Estado, a través de Puertos del Estado, «debería poner en marcha las de los plazos y costes de ejecución de las infraestructuras«.