Ya han pasado más de tres años desde que Scania interpusiera el recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la sanción impuesta en 2017 por la Comisión Europea tras probarse su participación en el llamado cártel de camiones junto a DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Man y Renault-Volvo.

Según quedó probado, entre los años 1997 y 2011, estos fabricantes habían acordado la fijación de los precios de venta de los vehículos y retrasado deliberadamente la introducción en el mercado de nuevas tecnologías para reducir las emisiones.

La multa supuso un récord, con un total cercano a los 4.000 millones entre todas las marcas, tal y como recuerda Fenadismer. Sin embargo, la de mayor importe fue la de Scania, con 880 millones.

La marca fue la única que no admitió su participación, obligando a la Comisión a tramitar un expediente diferenciado. No obstante, hasta la fecha, el Alto Tribunal Europeo no se ha pronunciado sobre el recurso presentado, a pesar de que la vista se celebró en junio de 2020.

Una vez se dicte la sentencia, y sólo en el caso de que fuera desestimatoria, se abriría la vía judicial para que los afectados titulares de un vehículo de la marca, o de los otros cinco fabricantes que aún no lo hubieran hecho, podrían interponer las reclamaciones por el sobrecoste aplicado y los perjuicios ocasionados.

Se calcula que durante los 14 años que duró el cártel, se vieron afectados unos 10 millones de camiones, de los que aproximadamente 200.000 correspondieron a unidades adquiridas en España.