El Servicio Catalán de Tráfico ha elaborado el proyecto de resolución por el que se establecen las restricciones a la circulación de los camiones en casi 90 kilómetros de la N-II que discurren por la provincia de Gerona hasta la frontera con Francia.
La resolución, que de aprobarse afectará a los más de 3.000 transportistas que diariamente circulan por dicha vía, plantea la prohibición temporal de circular a los vehículos de transporte de mercancías de cuatro o más ejes, excepto aquellos cuya mercancía que transporte tenga origen o destino en las comarcas próximas a dicha carretera nacional. Para el resto de vehículos, la Resolución obliga a utilizar la autopista de peaje AP-7, lo que supondrá a cada transportista pagar en cada trayecto de ida y vuelta 40 euros adicionales.
Fenadismer ha planteado a la Generalitat de Cataluña su “absoluto rechazo” a la resolución, ya que dicha medida “no tiene precedentes ni en España ni en el resto de Europa”.
Asimismo critican que nunca antes se había prohibido la circulación de vehículos de transporte en una carretera de ámbito nacional en un recorrido tan extenso, y destacan el “carácter estratégico” de dicha vía al conectar el tráfico natural de mercancías de todo el Mediterráneo español y el centro de la península con el resto de Europa.
La Federación considera dicha medida una “aberración jurídica”, alegando que vulnera tanto la ley sobre Tráfico y Seguridad Vial y su normativa de desarrollo, como la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre la materia, al considerar que atenta al derecho fundamental a la libre circulación de mercancías en el ámbito de la Unión Europea.