Tras la decisión de la Comisión Europea, que va a obligar a Correos a devolver 167 millones de euros al Tesoro Público recibidos como compensaciones excesivas por parte del Estado entre 2004 y 2010 para cubrir el servicio postal universal, se acumulan las reacciones.

Para la organización empresarial de logística, paquetería y transporte, la decisión de las autoridades europeas «viene a demostrar nuestras sospechas de que Correos compite de forma dopada con el resto de las empresas, lo cual le facilita despreocuparse de sus tarifas”.

La institución, además, cree que esta situación «ha propiciado daños irreparables a las empresas del sector, lo cual se ha traducido en pérdidas de empleos e incluso en la desaparición de empresas que eran incapaces de competir en semejantes condiciones desleales”.

En sentido contrario, Comisiones Obreras, como ya ha informado Cadena de Suministro, afirma que «la decisión de la Comisión Europea es el resultado de la prolongada campaña de hostigamiento de los lobbies privados de paquetería, logística y correo tradicional».

Ambas partes, sin embargo, parecen coincidir en la necesidad de dotar al operador postal público de un plan o una regulación concreta que determine exactamente cuáles son las obligaciones de Correos en el ámbito del servicio postal universal y cómo se financian dichos servicios.

Así pues, Uno reclama que «se desarrolle ya de una vez por todas la ley postal que lleva esperando desde 2011 para que sepamos el coste real del llamado Servicio Postal Universal que desarrolla el operador público y no haya así espacio para cometer ilegalidades en las ayudas públicas». 

Por su parte, Comisiones Obreras considera que el Gobierno de Pedro Sánchez «tiene ahora la oportunidad y la inexcusable tarea de concretar un Plan de Prestación esenciaque, adicionalmente, proporcione seguridad a la empresa pública en su funcionamiento.