En 2014, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía impuso 22.053 sanciones a vehículos de transporte por carretera dedicados a la distribución de mercancías y al tránsito de viajeros por la comisión de infracciones relacionadas con el incorrecto uso del tacógrafo, el incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, los excesos de peso o la realización de desplazamientos sin la autorización pertinente o sin visado.
Estas sanciones se derivan de la labor de control y vigilancia que realiza anualmente la Junta de Andalucía en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico y que en 2014 contabilizó un total de 40.866 inspecciones.
Teniendo en cuenta la distribución provincial, la Consejería de Fomento y Vivienda tramitó en Almería durante 2014 un total de 2.899 multas, en Cádiz registró 2.366 infracciones, en Córdoba las sanciones ascendieron a 2.644 y en Granada, a 3.309. Por su parte, en la provincia de Huelva las infracciones se castigaron el pasado año con 1.635 multas, en Jaén se cuantificaron 3.169 expedientes sancionadores, en Málaga se contabilizaron 2.765 y en Sevilla, 3.266.
Este incumplimiento de la normativa acarrea sanciones económicas que oscilan entre los 100 euros, si son leves, y los 4.001 euros, si son muy graves. Teniendo en cuenta esa clasificación, 6.679 procedimientos tramitados el pasado ejercicio fueron sanciones leves, con multas de entre 100 y 400 euros; 8.482 expedientes fueron calificados como incumplimientos graves, con castigos que varían entre 401 y 1.000 euros; y 6.892 sanciones se tipificaron como muy graves, con penalizaciones de entre 1.001 y 4.001 euros.
Estas operaciones de control y vigilancia, además de derivar en la imposición de multas, también pueden conllevar la inmovilización de vehículos por parte de la Guardia Civil, una medida de carácter preventivo que se adopta en los supuestos más graves con el fin de garantizar la seguridad vial en las carreteras, en el caso de excesos de carga o de tiempos; y evitar la competencia desleal o el ejercicio de prácticas fraudulentas en el sector del transporte, en aquellas inspecciones en las que se ha detectado la ausencia de tarjetas y permisos.