El último Consejo de Ministros ha aprobado las características del primer tramo de la línea por importe de 8.000 millones de euros.

De ellos, 5.000 millones se reservarán para avalar la liquidez del capital circulante de PYMEs y autónomos, es decir, el pago de sus alquiles, suministros y salarios, y para fomentar la inversión productiva, mientras que los otros 3.000 millones se destinarán al resto de empresas.

El aval del Estado cubre el 80% de los nuevos préstamos de autónomos y PYMEs, y el 70% de los préstamos solicitados por el resto de empresas.

La anterior línea del ICO, aprobada el 17 de marzo y dotada con 100.000 millones de euros, cubrió las necesidades de liquidez y circulante del tejido productivo y ahora se impulsa también la inversión de los autónomos y empresas.

El Gobierno calcula que, en conjunto, se movilizarán 140.000 millones de euros en avales, mientras que a través de la colaboración público-privada se podrían movilizar 200.000 millones en liquidez e inversión para paliar el daño estructural generado en tejido productivo por el coronavirus, impulsar la recuperación económica, la creación de empleo y apoyar específicamente a los sectores más golpeados.

Hasta el pasado 26 de julio se han aprobado un total de 741.000 operaciones con cargo a la línea de avales para autónomos y empresas, que han permitido canalizar más de 92.000 millones de euros de financiación de tejido productivo, según los datos del Ejecutivo.