Humos de combustión en tubo de escape

Las emisiones se han reducido un 30% en la UE desde 2005.

España tendrá que reducir un 26 % sus emisiones de dióxido de carbono entre 2021 y 2030 en relación con los niveles de 2005 en los sectores que no están regulados bajo el régimen europeo de comercio de emisiones. Es el caso de la agricultura, la gestión de residuos, la vivienda y todo el transporte que no sea aéreo, que han supuesto casi el 60% de las emisiones totales de la Unión Europea en 2014.

Todos los países miembros tienen sus propios objetivos en este área, que sumados, han conducido a una reducción del 30% de las emisiones de CO2 en 2014 con respecto a los niveles que manejaba la UE en 2005.

No obstante, la última propuesta de la Comisión Europea contempla la reducción de emisiones que debe realizar cada Estado. Por encima de las de España, se sitúan las exigencias a Irlanda, que tendrá que reducir sus emisiones en un 30% o Suecia y Luxemburgo, a los que se pide una disminución del 40%.

También Dinamarca, Finlandia, Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Austria, Bélgica e Italia tendrán que implementar medidas para lograr reducciones entre el 33% y el 39%. En el lado contrario, destaca Bulgaria, a la que se pide un 0%.

Algunas organizaciones defensoras del medio ambiente denuncian que la flexibilidad que se permite puede implicar que los países finjan que están realizando avances contra el cambio climático, sin ser cierto, ya que además, no hay mecanismos de revisión de metas.

Asignación según el PIB per cápita

En cuanto a la asignación para lograr estas metas, se realizará atendiendo al PIB per cápita de cada Estado, lo que según la CE, garantiza un sistema justo, al tener en cuenta las distintas estructuras económicas.

Al igual que en el sistema actual, en años en los que las emisiones son más bajas que la asignación anual, los países pueden reservar el excedente para utilizarlo en años en que los objetivos sean más duros o las emisiones sean más elevadas que el tope anual establecido. De esta manera, es más sencillo manejar las fluctuaciones anuales que suceden por motivos meteorológicos o económicos.

Además, un grupo de nueve Estados miembros formado por Luxemburgo, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Austria, Bélgica, Irlanda y Malta podrá utilizar un número limitado de asignaciones entre el 2 y el 4% para cumplir sus objetivos, más duros que los del resto de países.