En España, el efecto del aumento del tráfico en la circulación vial y en el medio ambiente se nota sobre todo en las grandes ciudades, donde los ayuntamientos ya han tomado medidas.

Por ejemplo, en Madrid los vehículos más contaminantes disponen de menos tiempo para carga y descarga de mercancías que los menos contaminantes. Según el ‘Plan Aire 2017‘, estas restricciones aumentarán progresivamente hasta 2022, año en el que ya no podrá entrar ningún vehículo diésel en la ‘zona cero emisiones’.

El impacto que tendrá esta última restricción en las empresas de paquetería y logística es enorme, ya que obligará a la renovación  del 85% de su flota actual de vehículos.

También en Barcelona existen restricciones similares en función del nivel de contaminación del vehículo. Además su ayuntamiento ya ha limitado el nivel de circulación en determinados barrios del centro urbano, dejando únicamente un carril de circulación.

Medidas insuficientes

A pesar de ello y según un estudio de Miebach Consulting, estas medidas no son suficientes para situarse en el marco legal establecido por la Unión Europea. El Pacto de París de 2015 obliga a reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020, y España está lejos de cumplir este objetivo.

Es más, junto a otros ocho países, en breve se enfrentará al Tribunal Supremo de la Unión Europea, que podría imponerles sanciones y/u obligarles a tomar medidas concretas para mejorar la calidad de su aire urbano.

De momento, resulta impredecible la dirección que tomarán tanto la UE como los gobiernos nacionales y locales con respecto al medio ambiente y a la circulación vial urbana porque dependerá de muchos factores sociales, económicos y, sobre todo, políticos.