La Comisión Europea ha notificado al Reino de España su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal de la supuesta ayuda estatal en favor de Correos, en la que trabaja desde el pasado mes de febrero.

El 9 de diciembre de 2013 y el 10 de abril de 2014, la Comisión recibió dos denuncias contra el Estado español en relación con la presunta concesión de ayudas ilegales e incompatibles al operador postal, que partiría de la financiación pública recibida para prestar el servicio postal universal entre los ejercicios 1998 y 2010.

Las dos denuncias plantearon supuestas compensaciones en exceso concedidas al operador, supuestas exenciones fiscales concedidas y supuestas irregularidades en el pago de la Seguridad Social y contribuciones a las pensiones de los funcionarios de Correos.

Según la Comisión, las autoridades españolas no han notificado a la administración europea ninguna de estas medidas.

Tras evaluar las ayudas concedidas a Correos en los últimos años, la Comisión ha abierto formalmente la investigación sobre las compensaciones para la prestación de la Obligación de Servicio Universal (USO) entre los años 2004 y 2010, las exenciones del IBI y del IAE, las tres ampliaciones de capital concedidas en 2004, 2005 y 2006, y la compensación concedida al operador por la distribución de material electoral.

Por otro lado, la Comisión Europea considera que las prestaciones sociales de los funcionarios empleados por el operador, también analizadas, no constituyen ayudas estatales, mientras que la exención del pago de las cotizaciones al régimen de pensiones de sus funcionarios por parte de Correos puede calificarse de ayuda existente.

Investigación abierta

De este modo, bajo la lupa de la Comisión están ahora más de 1.000 millones de euros recibidos por el operador. De estos, la mayor parte corresponden a la compensación para prestar su obligación de servicio universal, para lo que el operador habría recibido un total de 954 millones de euros entre los años 2004 y 2010. 

A esta cantidad se suma los 42 millones de euros que se concedieron al operador directamente en el ejercicio 2010, de forma provisional, hasta la aprobación de un nuevo ‘Plan de Prestación’ para los próximos 15 años que estableciese el mecanismo de compensación. Según las administraciones españolas, el operador no ha recibido ninguna compensación por la obligación de servicio universal desde 2011.

En segundo lugar, desde Europa se estudian las tres ampliaciones de capital concedidas en 2004, 2005 y 2006, por un importe total de aproximadamente 48 millones euros, así como 752.840,50 euros en exenciones al IBI y la exención fiscal parcial del IAE que da derecho al operador a pagar solamente el 50% del importe del impuesto final.

Por último, la Comisión no ha revelado los importes de la compensación para la distribución de material electoral. Aunque se incluye en la investigación ahora incoada, cabe destacar que la Comisión recalca el «precio simbólico por cada carta enviada» en esta actividad.