La Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer) junto con el resto de federaciones integrantes del Comité, como son Fetram, y Fegatrans, siguen mostrando su rechazo más absoluto al incremento del tramo autonómico del impuesto sobre el gasóleo que ha anunciado el gobierno autonómico.
La Xunta ha adoptado recientemente la decisión de subir el impuesto de hidrocarburos para destinarlo a Sanidad con el objetivo de “equipararlo a la mayor parte de las comunidades autónomas”, apuntando que el gasto extra se les devolverá a los transportistas a posteriori, mientras que la tasa no grabará el gasóleo agrícola, el gasóleo pesquero ni la calefacción.
Según indican en su último comunicado, emplazan a los grupos políticos con representación en el Parlamento Gallego, para que en el próximo trámite de debate y aprobación de los presupuestos se contemple la devolución íntegra del impuesto especial sobre el gasóleo a todos los transportistas, o el establecimiento de fórmulas de compensación.
Argumentan para ello que en Galicia hay más de 8.000 vehículos con un peso máximo autorizado inferior a 7,5 tn, a los que no se les devolverá el impuesto del tramo autonómico. En consecuencia de los más de 44 millones de euros que se recaudarían a partir de enero de 2014, por este tramo autonómico del impuesto, el sector solo recuperaría en el mejor de los casos en el en torno a 24 millones de euros.
Por otro lado las federaciones de la sección de mercancías del Comité Gallego de Transporte, convocan una asamblea, abierta a todos los transportistas de mercancías de Galicia, que tendrá lugar en Santiago de Compostela el próximo sábado, 14 de diciembre a las 17 horas, en la que se propondrá realizar una concentración de camiones ligeros y pesados, el lunes 16 de diciembre, a las 10 horas en Amio, con una posterior marcha lenta a Santiago de Compostela.
Con esta convocatoria, se quiere demostrar que esta nueva subida de impuestos al transporte por carretera, con la excusa de destinar el importe recaudado “a Sanidad” supone una discriminación frente a otras actividades consumidoras de gasóleo, a las que no se les aplicará la subida de impuestos.