Pese a los intentos de la OPEP por elevar su precio, el petróleo se sitúa en niveles mínimos como consecuencia de la disminución de la demanda por la crisis del Covid-19. En las últimas cinco semanas, se ha mantenido en torno a los 25 o 30 dólares el barril, lo que supone una caída del 60% respecto al precio de mediados de diciembre, cuando alcanzó los 65 dólares.

Sin embargo, como ha venido denunciando Fenadismer, esta bajada del precio del petróleo a nivel internacional sigue sin verse reflejada en el precio de la gasolina y el gasóleo que se venden en España. En ambos casos, la reducción del precio medio de venta en las estaciones de servicio pertenecientes a las red de las grandes petroleras ha sido inferior al 13% en relación a los precios que había en diciembre.

Ello es, a juicio de la Federación, «absolutamente injustificable» y no cabe excusarse en que la bajada del precio del crudo internacional ha sido coyuntural, pues se ha mantenido constante en el último mes y medio, ni en la variación del cambio entre el euro y el dólar, que ha sido insignificante en este período.

Recuerda, además, que en el precio final de los carburantes solo el 50% son impuestos aproximadamente, por lo que el otro 50% se reparte entre el coste del producto y su comercialización más el beneficio empresarial que aplican las compañías petrolíferas. Así, según sus cálculos, el sobreprecio que estarían aplicando se situaría por encima de los 10 céntimos por cada litro de carburante.

Intervención del Gobierno

En marzo, se ha reducido en un 31,5% la distribución de gasolinas y en un 26,5% la del gasóleo de automoción, pero en total, se habrían seguido vendiendo en España aproximadamente más de 2.000 millones de litros de carburante de automoción, más de 360 millones de litros de gasolina y 1.700 millones de litros de gasóleo.

Para Fenadismer, se está demostrando «la poca sensibilidad» de las principales compañías petrolíferas con la sociedad española, pese a la situación económica que atraviesa el país. Por ello, no entiende cómo el Gobierno se limita a intervenir el precio de las mascarillas, sin regular excepcionalmente el de los carburantes, que afecta a buena parte de la población, al haberse recomendado desplazarse en vehículo privado.

Una vez más, la Federación ha reclamado que se intervenga, con carácter urgente y excepcional, su precio final, mientras se mantenga la situación del estado de alarma. Se restablecería así el sistema de fijación de precios máximos que estuvo vigente hasta 1998, para obligar a que los grandes oligopolios contribuyan a la recuperación económica.