Fenadismer rechaza la modificación del régimen fiscal de módulos

La nueva regulación de exclusión del régimen de módulos implica que todos los empresarios autónomos de transporte de mercancías por carretera se verán obligados a abandonar dicho régimen, ya que sólo el coste anual del gasóleo supera ya los 50.000 euros.

13/05/2012 a las 19:48 h

Las asociaciones nacionales de transportistas en la reunión mantenida con el Ministerio de Fomento, han analizado el Anteproyecto de Ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal elaborado por el Gobierno, y que se encuentra en la actualidad sometido a consulta de las organizaciones representativas.

Estas asociaciones han rechazado el encaje legal utilizado por el Gobierno para modificar el régimen fiscal de módulos, al incluirse en una ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal.

Esto implica considerar al conjunto del colectivo de transportistas como “presuntos defraudadores”, lo que se considera una “humillación y un descrédito” para el sector, según se ha asegurado desde Fenadismer.

Las organizaciones de transportistas consideran adecuado que se persiga el fraude fiscal, para lo que la Agencia Tributaria, ya que dispone de instrumentos para controlar posibles actuaciones fraudulentas.

Según Fenadismer, esta lucha contra el fraude fiscal, no puede “servir de excusa” para expulsar a todo un colectivo profesional, como el transporte, del régimen de módulos, especialmente en la actual coyuntura económica, ya que supondría “un golpe mortal” para el sector.

La expulsión del régimen de módulos afecta al sector transporte

En este sentido, Fenadismer ha indicado que la propuesta de nueva regulación de exclusión del régimen de módulos establece “importantes discriminaciones”para el sector del transporte frente a los otros sectores afectados por dicha regulación.

Así, a diferencia de los empresarios autónomos de dichos sectores de la construcción, en los que la materia prima necesaria para desarrollar su actividad tiene un coste muy bajo, por lo que en la práctica les permitirá a muchos de ellos permanecer en el régimen de módulos.

Por el contrario, en el caso del transporte de mercancías todos los empresarios autónomos se verán obligados a abandonar dicho régimen por cuanto ya sólo el coste anual que soportan por el precio actual del gasóleo supera los 50.000 euros.

En consecuencia, ningún transportista puede continuar acogido a dicho régimen dado que su facturación anual supera dicha cantidad, aunque en la actualidad no obtengan apenas un beneficio empresarial.

Así conforme al Observatorio de Costes de explotación del transporte de mercancías por carretera que publica trimestralmente el Ministerio de Fomento, los costes totales de explotación del vehículo son 132.894,42 euros, de los cuales sólo la partida de gasóleo representa 51.054,92 euros.

Además, según la asociación,  a diferencia de los otros sectores de actividad que también están afectados por dicha medida, en la mayoría de los casos tienen un alto porcentaje de realización de servicios a particulares, esto es, no amparadas por la preceptiva factura por la contraprestación económica, lo que les permite fácilmente eludir el límite máximo de facturación anual que dará lugar a la exclusión de dicho régimen.

Por contra, en el sector del transporte por carretera, la práctica totalidad de los servicios de transporte se realizan a empresas por lo cual dichos servicios se encuentran amparados por la correspondiente facturación, por lo que no resulta posible eludir en ningún caso la exclusión de dicho régimen.

Asimismo,Fenadismer ha señalado que el sector del transporte por carretera ya soporta una fiscalidad muy elevada por diferentes conceptos, especialmente en concepto de impuesto de hidrocarburos, lo que permite a la Hacienda pública española recaudar más de 11.400 millones de euros. 

Por todo ello, las asociaciones de transportistas van a "exigir" al Ministerio de Hacienda que se establezca un tratamiento diferenciado del régimen de exclusión de módulos para el sector del transporte que permita poder continuar acogido a los transportistas autónomos de menor dimensión, para no afectar la supervivencia del 80% del tejido empresarial del transporte español.

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