La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, ha planteado formalmente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en la sentencia que ha de dictarse en próximas fechas, en relación al Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos, no se establezca ninguna limitación temporal que impida la devolución del impuesto.

En el mes de octubre, el abogado general del Tribunal de Justicia europeo, presentó el informe de conclusiones en relación a dicha causa judicial contra el gobierno de España, en el cual manifestaba que el impuesto contraviene la normativa europea sobre fiscalidad de los carburantes y, que en consecuencia, debería ser declarado ilegal.

Sin embargo, basándose en motivos prácticos, este informe previene de las posibles consecuencias económicas de la devolución de dicho impuesto aunque, tal y como afirma la Federación, «acusa a los sucesivos Gobiernos españoles de falta de buena fe y de actuación deliberada», al haber mantenido durante más de 10 años la vigencia de dicho impuesto, pese a que la Comisión Europea ha señalado desde 2003, la posible ilegalidad del mismo.

En este sentido, Fenadismer ha advertido a los miembros del Tribunal de Justicia europeo que, en el caso de que se declare la ilegalidad, no se limite su aplicación. Hay que tener en cuenta que, una vez aprobada la devolución de lo cobrado, esto podría ocasionar dificultades desde un punto de vista práctico, ya que sería prácticamente imposible, sobre todo por la falta acreditación documental por parte de los consumidores particulares, justificar las cantidades a devolver. Sin embargo este extremo sería completamente diferente, en el caso de los transportistas  que han presentado reclamaciones judiciales ante los Tribunales españoles, individualmente o de forma colectiva.

Según las estimaciones que maneja la organización, las cifras totales a reclamar correspondientes a los últimos cinco años por cada vehículo de transporte pueden alcanzar los 16.000 euros en el caso de un camión y de 14.000 euros en el caso de un autobús, lo que supondría una devolución total al sector del transporte por carretera en torno a 2.300 millones de euros.

Desde Fenadismer, estiman que la sentencia definitiva podría dictarse a finales de este año o principios del año próximo.