Transporte por carretera

Fetransa también ha arremetido contra las asociaciones de grandes flotas.

Fetransa ha mostrado su satisfacción por la aprobación del nuevo límite de 125.000 euros para acogerse al régimen de módulos. Así, ha manfiestado que su campaña ‘No a la supresión de los módulos, sí a favor del autónomo’ ha dado sus frutos «a pesar de la oposición que se ha ejercido desde el Ministerio de Fomento».

Fetransa «ha sido la única organización del CNTC» que ha apoyado activamente el incremento de facturación del régimen de módulos para el transporte. En esta campaña, además, ha contado con el apoyo de otras organizaciones ajenas al comité, como Upatrans, Fenatport, Ata o Uniatramc, así como desde la Sectorial del Transporte de la federación de autónomos ATA.

La asociación ha lamentado la actitud de Fomento que, lejos de apoyar al colectivo de transportistas autónomos, «ha pretendido la supresión del régimen de módulos para el transporte, con el jaleo y aliento de las asociaciones de grandes flotistas». Así, Fetransa considera que el ministerio ha llevado a cabo una «política de acoso y derribo» contra la figura del transportista autónomo.

En este sentido, ha solicitado al nuevo Gobierno que se forme en las próximas elecciones generales que «muestre una mayor consideración y sensibilidad» con los autónomos y pymes del sector del transporte.

Además, también ha expresado su opinión sobre el mensaje «populista e injusto» de las organizaciones que representan a las grandes flotas, que han sostenido que los módulos «distorsionan la competencia».

En este punto, Fetransa indica que la inexistencia de armonización fiscal no la provocan los módulos, sino por un lado, las diferentes competencias estatales y autonómicas y, por el otro, el hecho de que existan dos impuestos como el de sociedades y el IRPF, «siendo los grandes perjudicados los propios autónomos que no pueden tributar a un tipo fijo del 25% sobre beneficios, como lo hacen las empresas».

Así, en contraposición, ha recordado que la «mayor lacra» del sector es el ‘dumping social’, al ser la mayor fuente de fraude, deslocalizándose empresas a países del Este con menor coste fiscal y social para seguir prestando servicios en nuestro país, pero a las asociaciones de grandes flotistas «les interesa cubrir un tupido velo sobre esta realidad y seguir demonizando al autónomo».