El juez que investiga una de las ramificaciones del presunto caso de corrupción urbanística de la Plataforma Logística de Zaragoza (PlaZa), uno de los procesos judiciales más importantes de Aragón que ya ha imputado a una veinte de personas, ha solicitado una fianza de 18,8 millones de euros para tres de los principales imputados en la trama.
Sin embargo, el máximo accionista del Real Zaragoza y propietario de una de las empresas investigadas (Codesport), Agapito Iglesias, el antiguo gerente de la plataforma, Ricardo García Becerril, y el que fuera consejero delegado del complejo logístico y exviceconsejero de Obras Públicas del gobierno de Aragón, Carlos Esco,ya han recurrido esta decisión, por considerarla "desproporcionada".
Esta fianza ha sido reclamada para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que puedan surgir por una de las ramificaciones del proceso, en el que se investiga un sobrecoste de algo más de 17 millones de euros en una importante operación inmobiliaria en la plataforma logística. Parte de la investigación sigue los pasos de la empresa de Agapito Iglesias, Codesport.
El magistrado ha considerado que hay suficientes indicios de "criminalidad que afectan a la conducta de los imputados" en el sobrecoste de la construcción de 128 naves, que partiendo de un presupuesto inicial de unos 14 millones de euros acabaron costando más de 32 millones, lo que supone un desfase de 17 millones.
Las naves las construyó Codesport, la empresa del también presidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, quien ha sido citado a declarar por este asunto el próximo viernes 7 de marzo ante el titular del juzgado de instrucción número 5.
La investigación se inició a raíz de una denuncia del actual director gerente de Plaza, Jesús Andreu, tras detectar este desfase millonario y encargar un informe pericial que trasladó a los servicios jurídicos, que apreciaron indicios de delito e iniciaron los procedimientos indicados.
Este es uno de los asuntos que está en los juzgados y que afecta a la gestión desarrollada entre los años 2002-2011 por PlaZa, una sociedad mixta participada mayoritariamente por el gobierno de Aragón.