El ministerio de Fomento ha anunciado que en los próximos días habrá un acuerdo consensuado entre todas las partes sobre la integración en una sociedad de las nueve autopistas de peaje con problemas, una solución que no va a ser fácil ya que implica renuncias y asumir una deuda muy importante.
Así lo ha señalado el secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, Rafael Catalá, durante su participación en los desayunos Executive Forum, donde también ha subrayado la deuda de 3.500 millones que arrastran estas concesionarias y la reordenación de la presencia de los bancos extranjeros en estas concesionarias.
De hecho, este viernes las concesionarias de estas autopistas van a presentar un informe para dar respuesta a la propuesta de Fomento respecto a la creación de una empresa participada mayoritariamente por el Estado similar a la extinta Empresa Nacional de Autopistas (ENA).
Catalá ha reconocido que la responsabilidad es de todos, por lo que “hay que encontrar una solución a corto plazo y cuanto antes", dado que en las autopistas de peaje con problemas participan 52 entidades financieras, 10 constructoras, 21 socios y miles de expropiados que aún están pendientes de recibir la compensación por la entrega de sus terrenos.
Sistema concesional en riesgo
El responsable de Fomento no ha ocultado que este problema ha puesto “en juego el sistema concesional” al mismo tiempo que ha reconocido que los préstamos participativos y las cuentas de compensación no son una solución de futuro estable ya que la situación presupuestaria del país no permite confiar en este sistema.
De las 22 concesionarias que hay en España hay nueve que atraviesan una situación difícil y cinco de ellas en concurso de acreedores, lo que representa una "llamada de atención" para encontrar soluciones eficaces, ha añadido.
Inicialmente, en la nueva sociedad que integrará las autopistas en quiebra el valor residual de estas concesiones estaba previsto que representase el 20 % del capital de la empresa, mientras que el 80 % restante será controlado por la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa). Sin embargo, las concesionarias han reclamado a Fomento controlar cerca del 49 % del capital de la sociedad.