A pesar del importante número de aerolíneas de bajo coste que opera en España el ministerio de Fomento no quiere que haya “low seguridad”  en el sector aéreo español. Así, lo ha expresado la ministra de Fomento, Ana Pastor, al señalar hoy que  el Gobierno negocia con las autoridades europeas para endurecer las sanciones contra las líneas aéreas que cometan irregularidades o no cumplan con las normativas.

El anuncio se produce tras los incidentes ocurridos en las últimas semanas con varios vuelos de Ryanair, de los que la ministra ha señalado que se están investigando y, si es necesario, se sancionarán.

En cualquier caso, la titular de Fomento ha insistido en que es buena la competencia en el sector para bajar los precios pero “no habrá bajada de la seguridad”. Por ello, Pastor pretende reforzar las competencias de las autoridades españolas a la hora de imponer sanciones sobre las compañías extranjeras que tengan «un volumen alto de tráfico en España«.

También se ha mostrado favorable de retirar la licencia a una compañía aérea no sea una competencia exclusiva de su país de origen, si bien ha matizado que ésta es una medida “límite”, que se toma cuando «la gravedad de las sanciones es continuada«.

Entre las medidas que Fomento está llevando a cabo destacan las conversaciones con la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) y la Comisión Europea para «cambiar la tipificación y la cuantía de las sanciones«, lo que provocará un endurecimiento de las multas por no cumplir con la normativa, especialmente en lo relativo a la seguridad. Asimismo, Ana Pastor ha explicado que se exigirá a todas las compañías aéreas con un volumen importante en nuestro país a notificar cualquier suceso que les ocurra y que afecte a la seguridad.

Otro objetivo es la creación de protocolos de actuación en los aeropuertos para que cuando una compañía active la alarma de “corto de combustible” se pueda saber que ha pasado en todo momento. Además, se modificará el Real Decreto de Derechos de los Pasajeros para garantizar las quejas y reclamaciones de los mismos con la obligación a las compañías de identificar claramente los servicios de atención al cliente, “que muchas veces no se saben dónde están”, ha apostillado Pastor.

Las cargueras tendrán que notificar los incidentes

Por su parte, la secretaria general de Transportes, Carmen Librero, que ha acompañado a la ministra en la comparecencia ante la prensa, ha asegurado que todo este conjunto de medidas están encaminadas a las compañías aéreas comerciales de pasajeros, “si  bien las tipificaciones y sanciones que se fijen se podrán aplicar a las compañías de pasajeros y de mercancías si se demuestras las infracciones en seguridad». No obstante, la exigencia de la notificaciones de sucesos que afecten a la seguridad aérea se va a exigir también a las compañías cargueras.

La ministra de Fomento ha indicado que se han registrado 5.063 reclamaciones a las compañías aéreas hasta el 31 de agosto de este año, mientras en 2011 se contabilizaron un total de 10.864. En cuanto a las inspecciones que se ha realizado hasta el mes de agosto ascienden a un total de 624.  El total de sanciones impuestas el pasado año alcanzaron un montante total de 1.336.000 euros.