Este miércoles 16 de abril, el Ministerio de Transportes francés ha convocado una mesa redonda con patronales, sindicatos y administraciones de transportede los Estados miembros de Europa para debatir y tomar medidas conjuntas con el fin de poner freno al empleo ilegal, al 'dumping social', al falso cabotaje, a la deslocalización y las empresas pantalla.
En este sentido, en enero de 2013, se firmó un acuerdo entre varios de los ministerios franceses afectados por estos problemas para establecer un aumento de los controles, especialmente en el transporte ligero de mercancía.
De entre estos controles, destacan algunas medidas como, perseguir que no se hagan más de tres descargas en los siete días en los que puede circular un camión en el país, e inspeccionar que se cumplan las normas sociales europeas en el ámbito de conducción y descanso.
Sin embargo, desde Bruselas se ha planteado la posibilidad de eliminar algunas de las restricciones que regulan el transporte por carretera en Europa, lo que según un informe elaborado por la CE, podría redundar en una mejora de la competencia y una disminución de los viajes vacíos y un aumento de la eficiencia en el sector.
No obstante, de momento en Francia se seguirán penalizando las prácticas que violen las relaciones de fidelidad entre los transportistas y contratistas y se reforzarán la eficacia de las normas del transporte de mercancías por carretera con sanciones más eficaces. Paralelamente a las sanciones penales, se reforzará a aplicación de sanciones administrativas que actúen de forma disuasoria.
Por todo ello, desde CCOO se asegura que el ejecutivo galo "afirma su voluntad de actuar con eficacia en el ámbito nacional", además de ocuparse de que esta orientación llegue al resto de Europa, con el fin de actuar "duramente" contra el dumping social en el transporte por carretera.
"Cualquier elemento señalado no se parece en nada cuando se compara la actitud política o la normativa española", ha insistido el sindicato, que ya criticó la situación en España, en donde se hace "oídos sordos" a la práctica del 'dumping social'.
Además esperan que después de esta reunión, los gobiernos regionales y los Ministerios españoles se posicionen, después de que "nunca hayan incorporado este tipo de planteamientos en sus discursos, y mucho menos aplicarlos".