Decreto 2015-364 de 30 de marzo del 2015 del gobierno francésque se puede descargar en este enlace (disponible en formato pdf, en francés, de 12 páginas, 291 Kb).
El pasado 30 de marzo, el gobierno francés ha publicado el Decreto 2015-364 de 30 de marzo de 2015 con el objetivo de luchar contra el fraude en el desplazamiento de trabajadores y contra el trabajo ilegal, que prevé fuertes sanciones e incrementos de controles para frenar este tipo de prácticas en especial dentro de los sectores del transporte, la agricultura y la construcción.
Como requisitos generales, la empresa que esté establecida fuera de Francia deberá conservar, en el lugar de trabajo del empleado que haya sido desplazado en Francia o, en cualquier otro lugar accesible, el permiso de trabajo que permite al nacional de un tercer Estado para ejercer una actividad asalariada.
Además, cuando la duración del desplazamiento sea mayor o igual a un mes, el empresario deberá disponer de las nóminas de cada empleado desplazado o cualquier documento equivalente que acredite el pago, incluyendo el abono del salario mínimo y las horas extras, el período y horario de trabajo, distinguiendo entre las horas pagadas a la tarifa normal y aquellas que lleven un aumento, y los permisos, vacaciones y su remuneración, etc.
En el caso de que la estancia sea inferior a un mes, se deberá aportar cualquier documento que demuestre el cumplimiento del salario mínimo, entre otros requisitos.
Asimismo, el decreto contempla el nombramiento de un representante de la empresa en Francia para realizar trámites en su nombre ante la inspección de trabajo. Si el empresario se niega a cumplir con estos preceptos, podría enfrentarse a una orden judicial y, en el supuesto de que se haya cometido una irregularidad, deberá abonar los suelos e indeminzaciones debidas a los empleados, al igual que las contribuciones a la Seguridad Social.
De 10.000 a 500.000 euros de multa
Actualmente, las leyes francesas para los delitos de estafa por trabajo ilegal o fraude en el desplazamiento de trabajadores es de 10.000 euros, aunque el gobierno francés planea aumentarla hasta los 500.000 euros. Desde el ejecutivo se ha defendido esta propuesta como una "medida disuasoria".
Durante 2015 se prevén realizar 30.000 controles de trabajo, tanto de los lugares de alojamiento de como de las condiciones de vida de los empleados que se encuentren fuera de su país de origen.