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Al incremento derivado del IPC, se suma un 1% por las obras del puente de Rande.

La Xunta de Galicia ha reclamado una reunión con el Ministerio de Fomento para intentar frenar la subida de los peajes de la AP-9, que llegará al 2,64% en 2020. El objetivo es que se convoque una comisión conjunta antes de aprobar las nuevas tarifas, tal y como ha señalado la consejera de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez.

Aunque el 0,84% de esta subida se corresponde con el incremento derivado del IPC, se ha sumado un 1% por las obras del puente de Rande y otro 0,8% por la subvención a quien hace el trayecto Vigo-Pontevedra con telepeaje, tal y como han señalado desde El Correo Gallego.

Desde la administración autonómica, denuncian las diferencias existentes entre Galicia y el resto de comunidades españolas. Además, prevén que esta difícil situación para los conductores, y especialmente para los transportistas, pueda alargarse hasta el año 2048 si la autopista, en manos de Audasa, no es rescatada.

Por ello, han pedido a Fomento una ampliación de las bonificaciones, incluyendo a los camiones, y que el incremento que pagan los conductores por las obras de la concesionaria se traslade a los Presupuestos Generales del Estado.

Cálculo de compensación de los descuentos

Coincidiendo en el tiempo con esta solicitud, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la interpretación de Fomento sobre el cálculo de la compensación de los descuentos del peaje O Morrazo-Vigo y La Coruña-A Barcala. El departamento asume en exclusiva la financiación de estos recorridos, lo que en 2019 supondrá un coste de unos siete millones de euros.

Desde que entraran en vigor estos descuentos, se han puesto de manifiesto ciertas diferencias en la evolución de los ingresos en los tramos gratuitos respecto al resto de la autopista, por lo que los importes abonados diferían de los que hubiera percibido la concesionaria. Esto suponía un enriquecimiento injusto para la empresa, por lo que se estimó necesario clarificar el cálculo de la compensación.

Así, la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje consideró conveniente redactar unas instrucciones, que según la Abogacía de Estado debían adoptar la forma de Real Decreto, ahora aprobado por el Consejo de Ministros.