El Boletín Oficial del Estado ha publicado el viernes 8 de mayo una orden del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que amplía al 31 de agosto de 2016 el plazo habilitado para que la nueva zona franca de Sevilla cuente con un cerramiento perimetral, aspecto requerido para la entrada en funcionamiento de este espacio portuario marcado por su especial régimen fiscal.
El pasado 20 de enero, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, firmaban la constitución del consorcio gestor de la zona franca de Sevilla, que nace sobre 719.876 m² del área de Torrecuéllar pertenecientes a la Autoridad Portuaria, con el objetivo de lograr un tráfico de mercancías superior a los 1,7 millones de toneladas anuales y una facturación anual de más de mil millones de euros.
La quinta Zona Franca de España
La Zona Franca de Sevilla es la quinta de España, pues ya existen espacios similares en Barcelona, Cádiz, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria, y su consorcio gestor está formado por tres miembros del Ayuntamiento, tres miembros de la Autoridad Portuaria, dos representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, representación de la Cámara de Comercio y un delegado del Estado.
Sobre su superficie, además, operan ya las empresas TRH, Hispalense de Líquidos, Reciclados Navales del Sur, Inabensa, Sevitrade y Janone.
Pero la orden ministerial emitida inicialmente el 30 de agosto de 2013 autorizando su constitución condicionaba su entrada en funcionamiento a la aprobación de los estatutos del consorcio gestor, del reglamento de régimen interior y de la contabilidad de existencias, así como a la ejecución de las obras de cierre del recinto. La citada orden estipulaba un plazo de dos años para el cumplimiento de dichos aspectos.
Si bien el proyecto ha avanzado en lo que se refiere a sus estatutos, el reglamento de régimen interior y la contabilidad, las obras del cerramiento perimetral constituían un inconveniente, dado que los plazos seguidos por el proyecto hacían imposible que su licitación, contratación e instalación estuviese lista antes del 30 de agosto de este año, cuando expira el plazo inicial fijado en la orden ministerial que autorizaba la constitución de la zona franca de Sevilla.
De acuerdo con la nueva orden ministerial, se solicitó la ampliación del plazo previsto, como consecuencia de la imposibilidad de finalizar las obras de cierre de la Zona Franca de Sevilla en dicho plazo, a lo que el ministerio accedió ampliando un año el plazo concedido hasta el 31 de agosto de 2016.