El pasado 28 de diciembre de 2012, el departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipúzcoa publicó el proyecto de decreto foral por el que se modificaba el reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en determinados aspectos relacionados con el cómputo de los rendimientos de actividades económicas.
A este respecto, el sindicato de transportistas autónomos vascos Hiru, ha presentado el pasado miércoles 9 de enero, las alegaciones al citado proyecto que, al entender del sindicato, “restringe la aplicación del régimen de estimación objetiva en Guipúzcoa, posibilitando su aplicación exclusivamente a actividades económicas muy reducidas entre las que ni tan siquiera las explotaciones más reducidas del transporte de mercancías por carretera tendrían cabida”.
Según Hiru, los términos propuestos en el proyecto de decreto foral en el nuevo sistema tributario dejarían fuera a la casi totalidad de transportistas con un vehículo pesado, y a gran parte de los ligeros.
La situación del transporte por carretera, para el sindicato de transportistas, desde finales de 2007 hasta los primeros meses de 2012 ha llevado al cierre de un total de 1.662 empresas de transporte en el País Vasco, lo que supone el 15% del total del sector.
En este contexto de recesión, la reforma del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se ha planteado, entiende Hiru en sus alegaciones, “como una medida aislada y no como parte de un plan integral, no aporta a la solución de esta situación sino que la agrava y supone un obstáculo importante para la recuperación de la actual estructura del transporte de mercancías por carretera en Guipúzcoa.
Para Patxi Agirre, secretario general de Hiru, la consecuencia inmediata del nuevo Reglamento, es que la mayoría de los transportistas foráneos que actúan en Guipúzcoa van a disfrutar de una menor presión fiscal, por lo que partirán con una clara ventaja.
Medidas propuestas
Por ello, desde Hiru se solicita a la Diputación Foral de Guipúzcoa un “Plan Integral de Rescate” que aborde la regulación pública de la actividad económica del transporte, y la problemática del sector del transporte de mercancías por carretera en su globalidad y “no de forma parcial y parcelada, tal y como se pretende en este proyecto”.
El documento recoge también que deben ser las instituciones, las que pongan en marcha medidas que refuercen la capacidad de negociación del transportista autónomo ante sus clientes.
Otras medidas propuestas son el establecimiento de una cláusula de obligado cumplimiento por parte de cargadores y transportistas autónomos para actualizar el precio del transporte en función de la variación del precio del combustible, el carácter obligatorio del plazo máximo de pago a 30 días y la regulación, mediante un un Decreto de Repercusión, para que se pueda repercutir íntegramente los “peajes, ecotasas, viñetas o similares” sobre los precios facturados a sus clientes.
Por último, se requiere a la Diputación Foral de Gipuzkoa a poner en marcha un plan de actuación en contra de las falsas cooperativas de transporte, que actuan de forma ilegal.