El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha propuesto eliminar todas las incompatibilidades existentes para la prestación del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), con lo que podrían entrar en el sector actores como grupos de distribución de automóviles o compañías de transporte.
En concreto, Industria ha abierto el plazo de información pública de un proyecto de Real Decreto por el que se modifica la normativa anterior sobre las ITV, de forma que las partes tendrán de plazo hasta el próximo 10 de agosto para presentar sus alegaciones al borrador.
Puerta abierta a los concesionarios
Estas incompatibilidades, contenidas en un Real Decreto de 2008, afectan a empresas de venta de automóviles, compañías de transporte, aseguradoras, peritos y gestorías, con lo que su posible eliminación dejaría la puerta abierta a que concesionarios o flotas de transporte pudieran prestar el servicio de ITV, siempre que obtuvieran la preceptiva acreditación.
Con todo, pese a la intención del Gobierno central de suprimir las incompatibilidades, cabe recordar que las competencias en materia de ITV corresponden a las comunidades autónomas, que tienen la capacidad de limitar el acceso a esta actividad en su legislación territorial.
Sin embargo, algunas de ellas, como Andalucía, Extremadura, Galicia y Asturias lo prestan a través des de empresas públicas, mientras que en Madrid apuestan por la liberalización al delegar en empresas privadas.
Así, serán las CCAA las encargadas de dirigir un negocio anual de 500 millones de euros. Así las patronales Faconauto y Ganvam señalan que esta actuación reducirá hasta un 30% los precios y asegurará la calidad de las revisiones.
Consecuencias
La apertura de las ITV a los concesionarios, defendida por organizaciones del automóvil, choca frontalmente con los planteamientos de la asociación empresarial del sector de la Inspección, AECA-ITV, que ha venido advirtiendo reiteradamente de consecuencias negativas para la seguridad vial, el medio ambiente, los consumidores, los pequeños talleres y las estaciones de ITV existentes.
Esta asociación viene argumentando que la incorporación de grupos de concesionarios al sector no garantiza un mejor servicio y, además, vulnera los principios de imparcialidad e independencia, pues los vendedores de coches serían "juez y parte" al detectar los posibles defectos de los coches y proceder a subsanarlos.