La Autoridad Portuaria de Gijón afrontará la demanda de 330 millones de euros, que ha interpuesto la UTE Dique Torres encargada de la ampliación de El Musel, con tres informes de la Abogacía del Estado que defiende se postura y rechaza el sobreprecio de la empresa constructora.
En total, la Autoridad Portuaria de Gijón pagó 623,4 millones por la ampliación, lo que ha supuesto un sobrecoste de 123,4 millones de euros, aunque 93 millones menos que lo reclamado por la empresa constructora, que advirtió de que llevaría la reclamación a los tribunales.
El primero de los informes presentados por el ente portuario analiza la reclamación según el cambio de precios en los áridos para los rellenos de los diques y estudia el contrato de construcción y la liquidación de la Autoridad Porturia para determinar que la cantera donde extrajo la UTE el material no es comercial y no se puede aplicar el suplemento previsto.
Asimismo, explica que lo normal en este tipo de contratos en los que se abonan a precios unitarios, es que el precio final de la obra no coincida con lo estimado. A este respecto, el documento recalca que “tanto la solicitud como la reclamación previa deben ser desestimadas”.
Un segundo informe señala que la liquidación provisional formulada por la autoridad Portuaria “es ajustada al régimen de la relación contractual, no apreciándose causa de disconformidad a Derecho”.
El último documento indica que la empresa constructora acudió a canteras comerciales en menor medida que la prevista, por lo que en el caso de que se le pagara la totalidad, se estaría promoviendo el enriquecimiento injusto del contratista ya que “la retribución final del contratista dependerá de la obra realmente ejecutada, del resultado final de la misma”.