Tras la decisión anunciada el pasado viernes en la Audiencia Pública de la Comisión de renunciar a la elaboración de una nueva Directiva durante la Revisión de la Política Portuaria de la Unión Europea, la Internacional Dockworkers Council (IDC), asociación de estibadores europeos a la que pertenece el sindicato Coordinadora, ha considerado “acertada y positiva” esta postura.
IDC asegura que “velará” porque la Comisión ratifique su propuesta y se mantendrá firme ante el “ataque” que la troika continúa realizando en los puertos de cada Estado miembro y ante el cuestionamiento jurídico de las legislaciones nacionales de puertos, como ocurre en el caso de España.
La asociaciónse muestra satisfecha por la decisión de crear un Comité de Diálogo Social, que estará integrado por organizaciones empresariales europeas y las sindicales IDC y ETF, para tratar los asuntos referidos a las condiciones de trabajo de los puertos.
De este modo, asegura en un comunicado la IDC, “la UE reconoce la relevancia de que los interlocutores sociales; empresas y organizaciones de trabajadores; tengan representación y formen parte de una negociación que aborda aspectos de suma importancia para el buen funcionamiento de los puertos, como son los asuntos referidos a las condiciones de trabajo en dichos enclaves”.
El Documento de Debate de Revisión de Política Portuaria de la UE presentado el pasado viernes 18 señala textualmente que “teniendo en cuenta la próxima creación del Comité de Diálogo Social Europeo, las cuestiones relacionadas con los regímenes laborales portuarios y las prácticas laborales portuarias, la prevención, así como la formación y las cualificaciones se discutirán, según proceda, en el marco del diálogo social”.
Un documento que tampoco pasa por alto que “los paquetes portuarios propuestos en 2001 y 2004 fueron rechazados por el Parlamento Europeo, debido a las disposiciones sobre la organización de la mano de obra portuaria en concreto”.
Durante su intervención, el coordinador de la Zona Europea de IDC, Anthony Tetard, que fue acompañado por estibadores de España, Francia, Malta, Suecia y Portugal, ratificó la Declaración de Barcelona en la que se rechaza “la política europea de imposición del modelo neoliberal a toda Europa por la vía de los hechos, aún sabiendo que los sistemas nacionales de estiba de los estados miembros han configurado históricamente, con el consenso y acuerdos de las organizaciones sindicales y empresariales, unos modelos que permiten el mantenimiento de empleos y condiciones de trabajo dignas, al tiempo que contribuyen al desarrollo económico de la Unión Europea y de sus países con un altísimo nivel de productividad y competitividad internacionales”.