Autopista AP-36 Albacete-La Roda la primera en entrar en quiebra

Autopista AP-36 Albacete-La Roda, la primera en entrar en quiebra

La Audiencia Nacional acaba de quitarle la razón al Gobierno para dársela a las concesionarias de las autopistas que actualmente atraviesan concurso de acreedores, al dictaminar que no existe ninguna razón para que este deniegue las compensaciones por falta de tráfico en estas vías, «declarando el derecho que asiste a las concesionarias a fin de que la Administración, con el carácter anual que está previsto aperture la cuenta, siga el procedimiento previsto para ello y fije el saldo de la misma”.

Así se recoge en la sentencia sobre la autopista entre Cartagena y Vera, hecha pública por El País, y que dará ventaja al resto de recursos que tienen las concesionarias de estas autopistas, es decir, las radiales de Madrid R2, R4, R3 y R5; el eje entre Madrid y Barajas; Madrid Toledo; Ocaña-La Roda; y la circunvalación de Alicante.

En la ley se contempla que, en caso de que ocurran imprevistos o causas imputables a la Administración y que desequilibren lo previsto en los contratos, esta deberá reestablecer el equilibrio o, si directamente la concesión resulta inviable, pagar la inversión a través de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración.

Por ello, en 2010 el Gobierno promulgó una ley de préstamos participativos de hasta el 80% del tráfico previsto, es decir, 80 millones de euros al año, una cantidad que se abonó en 2011 pero no en 2012, con la formación del nuevo Gobierno. Además, en 2013 no se dedicó ninguna partida en los Presupuestos Generales del Estado a este gasto.

No obstante, la Audiencia Nacional sostiene que las leyes de Presupuestos para 2012 y 2013 «incluyen las disposiciones finales que mencionan y refuerzan las medidas de compensación». Además, añade que se amplía hasta 2018 y que la Administración «otorgará los préstamos participativos a las concesionarias que lo hubieran solicitado en enero de cada año».

A pesar de que Fomento ya planea recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, esta decisión de la AN podría conllevar un sobrecoste para el Ministerio, con pagos de más de 200 millones de euros.