gasolinera Petromiralles

El organismo también ha dirigido el procedimiento contra otras 24 personas y contra varias empresas supuestamente implicadas en la trama.

La Audiencia Nacional ha dictado un auto de transformación a procedimiento abreviado y ha propuesto juzgar a los dueños del Grupo Petromiralles por liderar supuestamente una trama de fraude en el IVA de hidrocarburos.

Según recoge el documento, los administradores del grupo habrían dejado de ingresar 147 millones del impuesto del IVA a las arcas públicas entre 2011 y 2013, lo que les habría permitido vender gasolina a un precio más bajo que el de sus competidores.

El organismo también ha dirigido el procedimiento contra otras 24 personas y contra varias empresas supuestamente implicadas en la trama.

En relación con las cantidades defraudadas, el auto detalla que las empresas de la trama han dejado de ingresar por IVA 11,4 millones de euros por el ejercicio de 2011, 67,3 millones por el de 2012 y 68,3 por el de 2013, lo que suma un total de 147,1 millones de euros que varios de los investigados deberán devolver en concepto de responsabilidad civil.

Precio inferior al del mercado

La investigación, iniciada en Barcelona, permite afirmar que, al menos entre los años 2010 y 2013, se puso en marcha en Cataluña una organización con el objetivo de «obtener una gran cantidad de beneficios y el subsiguiente afloramiento en el mercado lítico de los fondos ílicitos que habían obtenido operando en el sector comercial de la distribución de productos petrolíferos, controlando en todas las etapas dicha distribución«.

Debido al sistema empleado en el supuesto fraude, las empresas implicadas no habrían soportado ningún IVA, lo que les habría permitido disponer de la mercancía a un precio menor al del mercado normal al no tener que liquidar la parte correspondiente a este impuesto, que en 2012 estaba cifrada en un 18% y que a partir de ese año subió a un 21%.

Según el auto, las compañías Petromiralles, Petromiralles 3 y la suiza Willoill, administradas por José María y Pedro Torrens, eran las «principales beneficiarias» del supuesto entramado empresarial, «creado expresamente para lograr la obtención de productos petrolíferos a un precio inferior al del mercado».