La Audiencia Nacional traslada a los juzgados de Gijón la investigación de El Musel

Según la juez, la defraudación económica denunciada no es de relevancia en el ámbito nacional, por lo que no corresponde a la Audiencia Nacional dictaminar la sentencia.

22/04/2016 a las 3:46 h

AP GIJON ampliación El Musel_darsena La juez ha declarado que no ve razones para el sobreseimiento de las actuaciones contra los acusados.

La Audiencia Nacional ha trasladado la investigación de las supuestas irregularidades realizadas en la ampliación de El Musela los juzgados de Gijón, dado que el supuesto delito no cumple con los requisitos para ser atribuido a la Audiencia Nacional.

Según recoge El Comercio, la defraudación económica denunciada, que podría alcanzar los 250 millones de euros, no es de relevancia en el ámbito nacional, por lo que no corresponde a la Audiencia Nacional dictaminar la sentencia.

Asimismo, la juez que hasta ahora había llevado el caso tampoco considera que la complejidad de la causa, que varios instructores hayan conocido la investigación o que la Audiencia Nacional disponga de mejores medios, sean motivos para que la investigación se mantenga en Madrid. 

A pesar del traslado de la investigación, la juez ha declarado que no ve razones para el sobreseimiento de las actuacionescontra los Díaz Rato, Menéndez Rexach, y Ángel Riego, exresponsables de la Autoridad de Gijón y el exalcalde de Gijón, respectivamente. El estudio de los informes relacionados por el Ministerio Fiscal, permite, en su opinión, establecer sospechas de que los tres han participado en acciones que constituyen un delito penalmente relevante.

En el mes de marzo, la juez volvió a llamar a declarar a los tres técnicos de la Oficina Antifraude de la Unión Europea, Olaf, para que completasen la declaración que había quedado aplazada el pasado 15 de octubre. De esta forma, los 16 directivos investigados de Diego Torres terminaban de dar testimonio.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exenciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación.

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