El lunes 10 de noviembre, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha acordado remitir a la Fiscalía las irregularidades detectadas en las obra de La Esfinge, por la que se han abierto expedientes sancionadores contra varios técnicos del puerto.
En concreto, se han detectado incumplimientos en el pliego de condiciones del concurso, tanto en el tamaño como en la densidad del material empleado, lo que podría suponer dos delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos. Estas obras están siendo financiadas por la UE con 46 millones de euros.
Al respecto, el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ha declarado que el muelle de La Esfinge, según Puertos del Estado, está terminado para aguantar inclemencias durante sólo 50 años, cuando las obras marítimas en España se hacen para que duren 500.
Ibarra ha explicado que, por ello, hace falta una nueva serie de informes de empresas externas para que analicen con exactitud qué mejoras técnicas hay que aplicar para actualizar la obra.
Además, ha añadido que van a exigir a las empresas constructoras, FCC, Dragados, Matías Marrero y Félix Santiago, que se hagan las obras necesarias para que perdure los 500 años que exige la norma, ya que, "evidentemente Europa no ha dado un dinero para que la obra aguante sólo 50 años".
Por ello, la Autoridad Portuaria deberá calcular cuánto hay que devolver a Europa por obras que no se hicieron, lo que hay que gastarse aún en esa instalación y exigírselo a las empresas.
"Cuando todo esto esté cuantificado, lo siguiente es intentar con la Abogacía del Estado que se analice con más exactitud el proyecto", ha apuntado Ibarra, que también ha anunciado que la Autoridad Portuaria remitirá el caso al fiscal jefe del Tribunal Superior.
No reunía el requisito para soportar el peso de los cajones
Según ha recordado Ibarra, hace un año y medio la administración portuaria tuvo que sacar piedras de la obra de ampliación, de 400 metros, y echar banquetas durante 580 metros, mucho más de lo que estaba previsto en el proyecto.
Además, ha especificado que esa piedra no cumplía el requisito para soportar el peso de los cajones.
"Puertos del Estado quitó la piedra para empezar la tercera fase, que va bastante bien y esto va a permitir que se construya el contradique, que sacamos a licitación ayer en el consejo de administración. Gracias a esto la naviera Armas se irá a la Esfinge y en su espacio irá el acuario", ha informado.
A su juicio, este tema se ha podido convertir en "algo mucho más complicado", porque se pudo no licitar la tercera fase del muelle La Esfinge y, con ello, tampoco el desarrollo del proyecto Puerto-Ciudad.
"Esta semana esperamos tener conocimiento del importe que tenemos que devolver a la Unión Europea. Ya nos hemos reunidos con los técnicos de Puertos del Estado y en estos días se lo enviaremos", ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria.
Ibarra ha incidido en que una vez que disponga de los informes de Puertos del Estado, lo que se tendrá que devolver y el análisis de la reclamación a la UTE, "seguramente habrá que decidir la devolución de una serie de cantidades y a partir de ahí la Abogacía del Estado analizará más en profundidad el expediente".
Denuncia contra el Banco Santander
Por otro lado, en el mismo consejo de administración se ha acordado instar a la Fiscalía a que investigue al Banco del Santander por un producto "swap" por el que ha abonado más de cinco millones de euros, que exige que se anule y se devuelva el importe pagado, al no suscribir contrato alguno.
Según el anterior representante de la Autoridad Portuaria, José Manuel Arnáiz, el banco no avisó ni informó del contrato del "swap", que se produjo al mismo tiempo y por igual importe que un préstamo de 23,4 millones de euros, suscrito y cancelado en 2004 con la entidad bancaria.
Por ello, Ibarra sostiene que el Santander podría haber incurrido en un delito de estafa y ha solicitado a la Abogacía del Estado que que estudie la presentación de una querella contra el banco.
El contrato de este producto tiene vigencia hasta 2025 y le supone un coste a la Autoridad Portuaria de 15 millones de euros, de los que ya ha abonado más de cinco millones, ha manifestado Ibarra.
Expediente contra la familia Seguí
Por último y, tal y como ha informado el diario 'El Mundo', el puerto ha abierto un expediente contra la familia balear de navieros Seguí, propietaria de Contenemar, por una deuda de cinco millones de euros.
El caso se remonta a 2009, cuando la naviera de carga presentó concurso de acreedores y despidió a 80 empleados en Las Palmas. En ese año, tenía una deuda con la Autoridad Portuaria de cinco millones en conceptos de tasas de suelo y atraque y, antes de suspender pagos, pidió al puerto que subastara las grúas de su terminal de contenedores.
Tras realizar una tasación de 50.000 euros, el puerto sacó a subasta las grúas que fueron compradas por la propia familia Seguí, por lo que, finalmente la Autoridad Portuaria ingresó sólo 50.000 de una deuda de cinco millones.