Tras dos años muy complicados para los astilleros, debido a la prohibición de la Comunidad Europea de aplicar el tax lease, la situación está volviéndose cada vez más difícil, ya que el desánimo de la Administración por resolver el problema ha provocado la pérdida de 2.000 millones de contratos para el sector.

Desde Pymar, asociación que engloba pequeños y medianos astilleros, aseguran que las empresas no pueden sostener por más tiempo una situación que coloca a España en clara desventaja competitivo frente al resto de Europa ya que el bloqueo al tax lease ha paralizado la formalización de nuevos contratos, con lo que otros países se están beneficiando de nuevos pedidos.

En España los incentivos fiscales del sector se limitan a entre el 1 y el 3% mientras en otros países miembro se elevan al 20 y el 30%.

El sector que es responsable de 40.000 empleos, entre directos e indirectos, denuncia la actuación de Competencia de la Unión Europea, ya que tras aconsejarles que siguieran el modelo francés, lo han rechazado porque, al parecer, hay algunos detalles que hacen inviable la propuesta.

El pasado 23 de abril el comisario europeo Almunia y el ministro de Industria José Manuel Soria, tuvieron una reunión para concretar las acciones que se deberían llevar a cabo pero el encuentro no llegó a buen puerto.

La aplicación del tax lease permite en definitiva un ajuste en el precio final del buque, también existe en formatos similares en el resto de Europa, por lo que los más escépticos acusan a Holanda que les denunció en primer lugar, de querer eliminar así a la competencia.

El berrinche holandés y de otros que secundaron en su momento la denuncia, tuvo su origen cuando la Unión Naval de Valencia y Boluda consiguieron la construcción de una partida de remolcadores para el puerto de Amberes y la empresa naval de Sestao hizo lo mismo con unas dragas encargadas por la belga Jan de Nul. Pymar por su parte, afirma que sólo quieren contratar barcos en igualdad de condiciones que los competidores europeos.

Actualmente existen contratos para cerrar la construcción de entre 10 y 15 barcos pero los trabajos están bloqueados a la espera de la formalización de un nuevo tax lease.

El último movimiento lo protagonizó la Xunta al querer denunciar las bonificaciones fiscales aplicadas en otros países pero desde el Gobierno han renunciado a recurrir a una vía judicial, lo que deja el problema en una nebulosa de la que es difícil conocer cuál puede ser la solución final.