El pasado 10 de julio, la Asamblea Nacional Francesa aprobó una serie de modificaciones de los códigos de trabajo y transporte que permiten sancionar a las empresas de transporte por carretera cuyos conductores realicen el descanso semanal normal a bordo del camión, además de multar a quienes ponderen la distancia recorrida o el volumen de mercancías transportadas para calcular la retribución del conductor.
En el primer caso, el incumplimiento constituye una infracción penal y se castiga con un año de cárcel y multas de hasta 30 000 euros.
Ante esta normativa, la eurodiputada vasca Izaskun Bilbao, ha planteado una serie de cuestiones a la Comisión Europea, formalizadas por escrito el 1 de septiembre de 2014, que obtuvieron respuesta por parte del entonces comisario de Transporte Siim Kallas, también por escrito, el pasado 27 de octubre.
¿Son proporcionadas las sanciones?
En primer término, Bilbao preguntaba si la Comisión Europea consideraba proporcionadas estas sanciones. Al respecto, desde la Comisión señalaron que "la organización de los horarios de trabajo de los conductores debe cumplir diferentes requisitos, para lo que la Comisión trabaja en estrecha colaboración con los Estados miembro con el fin de garantizar que las normativas se aplican de forma correcta y eficaz".
No obstante, indica el escrito "el sistema de control e imposición de sanciones compete ante todo a los Estados miembros". Si bien también indica que "la Comisión interviene" cuando se constata que las sanciones impuestas no cumplen los principios de que las disposiciones sean eficaces, proporcionadas, disuasorias y no discriminatorias
Impacto en el sector
En segundo lugar, se ha preguntado a la Comisión, si esta dispone de alguna evaluación sobre la relación entre servicios disponibles y la demanda prevista por la aplicación de esta normativa, así como sobre el impacto que la misma tendrá en el sector.
La respuesta de Kallas indica que la Comisión Europea "está examinando las nuevas disposiciones aprobadas por Francia para sancionar el descanso semanal habitual a bordo del vehículo".
Para ello, se han puesto en contacto con las autoridades francesas para comprender mejor los motivos subyacentes a estas medidas, su aplicación y sus efectos. Sobre la base de las explicaciones facilitadas por las autoridades francesas, la Comisión evaluará pormenorizadamente la legalidad de esas medidas y la viabilidad del régimen de ejecución, así como la proporcionalidad y el carácter no discriminatorio de las sanciones previstas.
Sin conocimiento de las consultas españolas
Por último, Bilbao preguntó acerca de la posible respuesta a la consulta efectuada sobre este tema por organizaciones de los profesionales españoles del sector. A la que el comisario respondió que "la Comisión no tiene conocimiento de la consulta mencionada".
A este respecto, y ante el desconocimiento manifestado por la Comisión Europea, probablemente por la formulación de la pregunta de una manera demasiado amplía, cabe recordar que desde Fenadismer presentaron una solicitud a la Comisión Europea expuesta el pasado abril para que analizase la legalidad de lo que entonces aún era un proyecto de ley.
En este sentido, desde la Comisión indicaron a la organización que “si llegara a la conclusión de que se ha infringido alguno de los principios que han de informar el tipo o la cuantía de las sanciones, podría considerar la apertura de un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.
Norma de difícil cumplimiento
Por otro lado, cabe destacar que la eurodiputada dejó constancia en el escrito que, debido a la falta de infraestructuras hosteleras y de servicios para atender la demanda, "la norma parece de difícil cumplimiento". Asegurando que las sanciones son "desproporcionadas y discriminatorias y no tienen relación con los problemas de competencia desleal que afectan al sector".