transporte por carretera en Portugal

La UE exige que los registros nacionales estén interconectados

La Comisión Europea ha solicitado a Luxemburgo, Polonia y Portugal que cumplan las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre el buen funcionamiento del mercado interior de transporte por carretera.

En tres sentencias de 2016, el Tribunal de Justicia determinó que estos Estados miembros incumplen el Derecho de la UE [Reglamento (CE) n.º 1071/2009] al no haber creado registros electrónicos nacionales de empresas y al no haberlos interconectado con los de los demás Estados miembros.

Los registros electrónicos nacionales de empresas de transporte por carretera son bases de datos que contienen determinada información (como el nombre, la dirección y el número de vehículos) sobre todas las empresas a las que un Estado miembro ha autorizado a realizar operaciones comerciales.

El Derecho de la UE exige que estos registros nacionales estén interconectados, a fin de crear un Registro Europeo de Empresas de Transporte por Carretera (ERRU). Este registro para toda la UE permite un mejor intercambio de información entre los Estados miembros y una mejor aplicación de la legislación vigente, incluido el acervo social. Garantiza que los infractores puedan ser identificados cuando cometan delitos en el extranjero.

Hasta la fecha, Luxemburgo, Polonia y Portugal no han creado ni interconectado sus registros nacionales, por lo que incumplen las sentencias del Tribunal de Justicia.

La Comisión pide a estos Estados miembros que lo hagan sin demora mediante una carta de emplazamiento en virtud del artículo 260, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Las autoridades luxemburguesas, polacas y portuguesas disponen ahora de dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de las sentencias respectivas.

Si no lo hacen, la Comisión puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia, precisando el importe de la suma a tanto alzado o de la multa que deba ser pagada por el Estado miembro afectado.