Llorca se reúne con UGT para abordar el tema de la estiba

José Llorca junto a los responsables de UGT, con José Antonio Olaizola al frente del sindicato, para analizar el asunto el pasado mes de octubre

Este martes 20 de noviembre se reúne en Bruselas la comisión técnica formada por Puertos del Estado, los tres principales sindicatos de la estiba(Coordinadora, UGT y CCOO) y la patronal Anesco para conocer de primera mano las objeciones que la Unión Europea pone a la actual legislación portuaria española.

Estas denominadas «líneas rojas» que reclaman conocer el sector estibador español se produce tras remitir la Comisión Europea el pasado 1 de octubre el dictamen motivado en el que se consideraba que las disposiciones de la legislación española que exigen que las empresas estibadores que operan en los puertos participen en el capital de una SAGEP, sin posibilidad de recurrir al mercado para contratar su propio personal, suponen una restricción de la libertad de establecimiento de mercado que garantiza el Tratado fundacional de la UE.

Tras plantear y analizar Puertos del Estado la situación con todos los agentes implicados, el pasado 23 de octubre se decidió crear una comisión técnica para que acudiese a Bruselas con el fin de entrevistarse con el jefe de la Unidad de Puertos de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea (DG-TREN), Dimitri Theologitis.

Además de conocer cuáles son las objeciones de la Comisión, la delegación española también defenderá el modelo español de estiba recogido en la Ley de Puertos y expondrá sus ventajas y similitudes con otros modelos actuales en Europa.

Como ha informado cadenadesuministro.es, la Comisión considera que España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 49 del TFUE e “invita a España a que adopte las medidas para ajustarse al presente dictamen motivado en un plazo de dos meses a partir de la recepción del mismo», es decir que en principio tiene de tiempo máximo para modificar la Ley de Puertos hasta el próximo 1 de diciembre  o en caso contrario deberá someterse a una probable sanción del Tribunal de Justicia Europeo.