La Declaración sobre la Red de ADIF no cumple con los requisitos de la Ley Ferroviaria.

Según la CNMC, la Declaración sobre la red debería remitir a una página web donde Adif y Adif Alta Velocidad aporten información actualizada sobre las obras en ejecución.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado el informe de la ‘Declaración sobre la Red de 2017 de Adif y Adif Alta Velocidad’, un documento elaborado por el administrador de infraestructuras que proporciona información actualizada para facilitar el acceso a la red ferroviaria de nuevos competidores de forma transparente y no discriminatoria.

La CNMC considera que son necesarias algunas modificaciones, como la inclusión de las actuaciones realizadas en la red ferroviaria en 2016 y las previstas para el 2017, una explicación detallada sobre los principios y estándares de costes en la fijación de los futuros cánones ferroviarios y la previsión de actualización de la Declaración, una vez se aprueben los nuevos cánones con la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, la Comisión ha concluido que el Ministerio de Fomento debería publicar la estrategia indicativa incluida en el artículo 5.1 de la Ley del Sector Ferroviario, dado que considera necesario un mecanismo que favorezca una planificación ferroviaria más ordenada y previsible que incremente la transparencia para las empresas ferroviarias sobre la red y los servicios que pueden prestar.

España es una excepción a nivel europeo, sin un programa de incentivos, dos años después de la publicación de la Orden FOM.

Según la CNMC, la Declaración sobre la Red también debería remitir a una página web donde Adif y Adif Alta Velocidad aporten información actualizada sobre las obras en ejecución, sus posibles afecciones a la capacidad ferroviaria y su fecha prevista de puesta en servicio.

Asimismo, señalan que, tras casi dos años desde la publicación de la Orden FOM/189/2015, el programa de incentivos no se «ha puesto todavía en funcionamiento», convirtiendo a España en una excepción a nivel europeo dado que la práctica totalidad de los países de la Unión Europea ya lo están aplicando.

Desde la Comisión indican que este programa puede incluir la imposición de penalización por acciones que perturben el funcionamiento de la red, la concesión de indemnizaciones a las empresas que las sufran y la concesión de primas si resultados superan las expectativas, por lo que instan a Adif a implantarlo en la mayor brevedad posible.