La N-1 a su paso por la provincia de Guipúzcoa.

La N-1 a su paso por la provincia de Guipúzcoa.

Según  ha informado la portavoz foral, Larraitz Ugarte, el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de norma de financiación de carreteras, a pesar de que el pasado septiembre se paralizó al no obtener apoyo suficiente.

Ugarte considera que es un «paso necesario» para abordar la situación de vías de alta capacidad del territorio. Además, ha explicado que los informes de los que dispone la Diputación alertan de que «la situación de las carreteras es realmente grave».

Por ello, ha apelado a la «responsabilidad política» del resto de los grupos para poder sacar adelante su propuesta. «Creemos que es necesario dar este paso para que los partidos se posiciones y digan cuál es su criterio al respecto», ha señalado la portavoz.

Ugarte ha añadido que esta propuesta es «puntera, óptima en cuanto a su sostenibilidad, cumple con la normativa europea, ha despertado el interés de otras instituciones…«.

Como ya adelantó cadenadesuministro.es en el mes de julio, el sistema que promociona la Diputación de Guipúzcoa, bautizado como Arkupe, empezaría a operar en octubre de 2014 en la N-1, A-15, N-121-A y GI-632, y se basa en el sistema electrónico de cobro a través de pórticos que reconocen los TAG y VIA-T, similar al sistema que ya se utiliza en Portugal y que ha causado tantos inconvenientes y requerirá de una inversión inicial de 22 millones de euros, si bien la Diputación prevé ingresar 26 millones de euros con su implantación

La portavoz foral insistió en que este proyecto «pretende mejorar la situación de mantenimiento de las carreteras«, cuyo déficit de conservación cifró en 600 millones de euros. Además, advirtió que, de no aprobarlo, la Diputación se verá obligada a incluir una partida de diez millones de euros en los presupuestos forales de 2015 para hacer frente a la situación económica de Bidegi, la sociedad pública que gestiona las carreteras del territorio.

Tanto desde el colectivo de transportistas Guitrans y como desde el sindicato Hiru, se ha mostrado el rechazo a este medida, anunciando movilizaciones en al caso de que se continúe con su tramitación.

Sin apoyos suficientes para sacar adelante la propuesta

La decisión de la Diputación ha cogido por sorpresa a los principales grupos de la oposición, que han manifestado que, actualmente, la institución foral carece de los apoyos suficientes para sacar adelante esta propuesta.

El portavoz del PP en la Cámara territorial, Juan Carlos Cano, reiteró que su grupo tampoco apoyará esta propuesta. Pese a que han sido los populares quienes más han apoyado la necesidad de implantar peajes en el territorio, parece que la formación no está dispuesta a que sean los transportistas guipuzcoanos quienes soporten el coste de los nuevos peajes.

En opinión de Cano, el sector del transporte «no está preparado« para afrontar el coste que supondría para su bolsillo esta medida, por lo que entiende que «la Diputación no puede castigar todavía más al sector como pretende con su norma foral sobre transporte pesado«.

A juicio de los populares, la «gran laguna» del proyecto propuesto por Bildu es que los transportistas guipuzcoanos serían los «grandes castigados», ya que «está demostrado que los desplazamientos dentro de nuestra provincia son sobre todo de los transportistas guipuzcoanos».

En cuanto a la postura del partido socialista, ya ha anunciado en varias ocasiones que su grupo no apoyará la propuesta de la Diputación, porque entiende que «perjudica» a los transportistas locales.