La Diputación de Guipúzcoa, que gobierna en minoría Bildu, ha paralizado su proyecto de establecimiento de peajes tanto a camiones como a turismos por la utilización de las carreteras guipuzcoanas, en concreto, la N-1, N-121 A y la A-15, que tenía previsto poner en marcha a partir de octubre de 2014.
El motivo que ha impedido su aprobación ha sido la falta de apoyo de los restantes grupos políticos que componen las Juntas Generales de la Diputación de Guipúzcoa, debido al fuerte rechazo social a dicha medida.
En este sentido, asociaciones de transportistas, como Fenadismer, plantearon su "rechazo absoluto" al considerar que la aprobación de dicha medida perjudicaría muy gravemente las exportaciones españolas, al ser Guipúzcoa paso obligatorio para el transporte de mercancías con destino al resto de Europa.
Las patronales entienden que la posición geográfica "privilegiada" de la provincia vasca le permite recaudar anualmente a la Diputación Foral más de 250 millones de euros anuales "tan sólo en concepto de impuesto sobre los carburantes". Además, la aprobación unilateral de dicha medida vulneraría la legislación española sobre traspaso de competencias en materia de carreteras a las Diputaciones vascas.
Por ello, Fenadismer manifiesta su satisfacción por la paralización de dicha medida cuyos principales perjudicados hubieran sido los transportistas guipuzcoanos y del resto de España.