La norma europea refuerza el uso de la mediación para resolver el conflicto entre fabricantes y transportistas.
Los transportistas afectados por el cártel de camiones deben tener en cuenta ciertas novedades que les afectan en cuanto a la presentación de sus reclamaciones, como la trasposición en España de la Directiva Europea de Daños, que abre la puerta a que se multiplique el papeleo jurídico entre fabricantes y transportistas.
La nueva norma puede hacer que los transportistas se vean obligados a petición de los fabricantes a tener que presentar documentación sobre los camiones adquiridos hace 15 o 20 años para demostrar que no repercutieron coste alguno al usuario final.
Además, el paso del tiempo no puede utilizarse como excusa para no entregarla, ya que habría que justificar ante el juez el hecho de tener papeles que favorecen, también de hace mucho tiempo, y no aquellos que pueden ser utilizados por la parte demandada en su defensa.
Mediación para resolver el conflicto
Por tanto, la norma europea refuerza el uso de la mediación para resolver el conflicto, ya que a las ventajas de interrumpir el plazo de prescripción de un año de las acciones judiciales, se une que esta vía extrajudicial no se apoya tanto en la documentación sino en argumentos teóricos de cuantificación de daños. También es ventajosa por el ahorro de costes y tiempo, ya que el su duración media asciende a tres meses.
Al mismo tiempo, puede ser de interés para el fabricante, ya que si llega a un acuerdo con los perjudicados quedaría excluido de las demandas posteriores y el resto de infractores no podrían pedirle que participe en el pago de indemnizaciones futuras.
Por el contrario, de lo que no se beneficiarán los transportistas es del aumento de uno a cinco años en el plazo para interponer reclamaciones, ya que la normativa se ha traspuesto fuera de plazo y no tiene carácter retroactivo.
Estimación de los daños
Asimismo, si la mediación no resulta y la reclamación llega a los tribunales, el juez puede hacer valer una estimación de los dañosbasándose en informes periciales. En este caso, cuantificar el daño será complejo, al tener que analizar cada camión y sus particularidades, así como el consumo de más de combustible debido al acuerdo para retrasar la implantación de las normas Euro III, IV, V y Vi.
En cualquier caso, aún está pendiente dilucidar qué elementos no deben hacerse públicos por afectar a secretos industriales o ser confidenciales, lo cual determinará a qué documentación podrán acceder los transportistas.
Del mismo modo, queda por conocer la implicación de Scania en el cártel, que aún está siendo investigada. Esto supone que los compradores de camiones de este fabricante deben esperar antes de iniciar acciones judiciales.