La Unión Europea no suele prestar mucha atención a los cálculos políticos de los diferentes partidos que tienen empantanado el gobierno a diferentes escalas en España y ha pedido medidas adicionales sobre calidad del aire para paliar los niveles de dióxido de nitrógeno que vulneran los límites establecidos por la normativa europea en ciudades como Madrid o Barcelona.
En el caso de Madrid, la situación se ve agravada por la incertidumbre que genera el proyecto de Madrid Central tanto entre los residentes en el centro de la capital, como entre los establecimientos de la zona y las empresas que realizan servicios de distribución de mercancías en esta zona de acceso restringido, pendiente de sentencias judiciales.
Mientras, en Barcelona, que pondrá en marcha su propia área de acceso restringido el año que viene, también se empieza a hablar de la posibilidad de introducir un peaje de entrada similar al que ya existe en Londres. De hecho, el consistorio de la Ciudad Condal ha constituido una Mesa por la Emergencia Climática, en la que participan más de doscientas entidades, expertos y representantes de las administraciones.
En todo caso, parece que la tendencia está clara, con un impacto aún por medir en los servicios de distribución urbana de mercancías en estas dos ciudades.