Es un clásico de la política intentar escurrir el bulto ante cualquier contrariedad. Para estas circunstancias adversas, los políticos de todo pelaje se parapetan tras ejércitos de asesores y técnicos a los que echar las culpas para cuando vengan mal dadas.

Si a esto, le añadimos el enfrentamiento político entre administraciones de diferente signo político, al que se suma un conflicto territorial latente, tenemos todos los ingredientes para la chapuza que se ha producido con la eliminación silenciosa de las bonificaciones para camiones en la AP-2 y la AP-7. Siempre hay algún ‘listo’ que se cree que los demás son más tontos que él y no se van a dar cuenta.

Viene esto a cuento de que la Secretaría General de Infraestructuras ha informado al Comité Nacional de Transporte por Carretera de que “la Administración de la Generalitat de Cataluña decidió, mediante resolución publicada con fecha 13 de marzo, levantar excepcionalmente determinadas restricciones a la circulación, entre las que se encuentran las relacionadas con las bonificaciones recogidas en los citados reales decretos”.

Así pues, dada esta circunstancia, el escrito, según refiere Fenadismer, aduce que «una vez confirmada la intención de la Administración de la Generalitat de Cataluña de mantener la suspensión de las restricciones a la circulación, se ha puesto de manifiesto que no se da la condición esencial para el mantenimiento de las bonificaciones establecidas en los Reales Decretos, tal y como se le recordó a la empresa concesionaria, que dejó de aplicar las bonificaciones el día 20 de abril”

A la vista del embrollo, Fenadismer tiene previsto «exigir al Ministerio de Transportes que con carácter inmediato se restablezcan las bonificaciones a los camiones que circulan por dichas autopistas, con carácter retroactivo desde el pasado 20 de abril».

De momento, las bonificaciones a los camiones han dejado de estar en vigor.