El pasado 1 de agosto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso multas de 3,4 millones de euros a seis empresas estibadoras y cinco sindicatos por «pactar acuerdos que restringían la competencia en el puerto de Vigo, encarecían precios y le hacían perder competitividad».

Algo más de un mes después, la práctica totalidad de las instituciones sancionadas, salvo Estibadora Gallega, a la que se impuso en agosto una multa de 42.412 euros, han decidido recurrir ante la Audiencia Nacional esta multa, cuyo expediente se inició a partir de una comunicación realizada por la Autoridad Portuaria de Vigo, que previamente se había dirigido a Puertos del Estado, y en la que denunciaba el acuerdo extraestatutario alcanzado entre varias empresas y sindicatos.

Así pues, las otras cuatro empresas sancionadas han decidido presentar los avales ante la Audiencia para evitar el pago de las sanciones impuestas por Competencia, que para Líneas Marítimas Españolas ascendía a 199.276 euros, para Bergé Marítima a 1.480.000 euros, para Terminales Marítimas De Vigo a 700.000 euros y para Pérez Torres Marítima a 490.000 euros.

Mientras, otras instituciones ya han manifestado públicamente su intención de litigar contra la decisión del organismo regulador, para el que los pactos sancionados son “acuerdos colusorios anticompetitivos” adoptados para reservar en exclusiva al personal de la SAGEP de Vigo la contratación de trabajadores para prestar servicios de embarque y desembarque de vehículos a motor sin matricular, así como de recepción y entrega de mercancías..