El Parlamento Europeo ha aprobado, por 601 votos a favor, 68 en contra y 8 abstenciones, el informe sobre interoperabilidad propuesto por la eurodiputada española Izaskun Bilbao, que propone convertir a la Agencia Ferroviaria Europea, en una ventanilla única para expedir autorizaciones de vehículos y certificados de seguridad a nivel europeo.
El ferrocarril en Europa mueve un negocio de 70.000 millones de euros y emplea a 700.000 personas, aunque, en opinión de la eurodipurada española Inés Ayala, "también se beneficia de importantes inversiones públicas como 26.000 millones de euros, de los que 20.000 millones se destinan a las obligaciones de servicios públicos".
Además, la saturación de los actuales sistemas de movilidad, cuesta al año más de un 1% del PIB europeo. Por ello, en opinión de Bilbao, "el informe sobre la interoperabilidad pretende talar el bosque normas que hacen prácticamente imposible la aparición de nuevos operadores y que generan unos costes inasumibles a los fabricantes de infraestructuras físicas y material ferroviario".
Competencias de la Agencia Ferroviaria Europea
En cuanto las competencias de la Agencia Ferroviaria Europea, aprobadas en este informe, la misma tendría la exclusividad de autorizar los vehículos que circulen por las vías férreas europeas.
Asimismo, se crearía y gestionaría un registro completo de vehículos a nivel europeo y autorizaría las infraestructuras físicas de los corredores prioritarios europeos y de las zonas transfronterizas, que cuenten con un único gestor de infraestructuras.
La Agencia también sería competente, para autorizar la puesta en servicio del sistema europeo de vigilancia del tráfico ferroviario, en colaboración con las asociaciones estatales de seguridad.
De otro modo, el informe propone que las especificaciones técnicas incorporen como criterio, la accesibilidad para los viajeros discapacitados o con movilidad reducida.
Asimismo se ha votado un paquete de normas para estimular la competencia en el sector ferroviario de pasajeros, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y reducir la fragmentación del mercado interno.
En este sentido, el conocido como "Cuarto Paquete Ferroviario", obligará a los países a adjudicar los contratos de servicio mediante un concurso público o bien justificar debidamente la concesión directa a un operador de su elección.
La nueva legislación también permitirá a los Estados miembros, elegir entre una única compañía que sea a la vez operador ferroviario y gestor de las infraestructuras, o bien optar por una separación de funciones en dos compañías distintas.