Un nuevo informe de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, Acea, ha demostrado que a pesar del fuerte crecimiento experimentado, la infraestructura de recarga disponible para vehículos eléctricos en la UE sigue muy por debajo del nivel necesario y con una distribución muy desigual entre los diferentes Estados Miembros.

El estudio anual de la Asociación evalúa los avances en la disponibilidad de la infraestructura y los incentivos necesarios para dar un nuevo impulso a la compra de vehículos propulsados por energías alternativas.

Las ventas de vehículos eléctricos enchufables se han incrementado en un 110% en la Unión Europea en los últimos tres años. Sin embargo, durante el mismo periodo, el número de puntos de recarga ha aumentado solamente un 58%, llegando a 200.000.

Esto indica que la inversión en infraestructuras no se adecúa al ritmo de las ventas. Pronto se podría llegar a un punto en el que el crecimiento de las compras se estanque si los consumidores entienden que no existen puntos de recarga suficientes en los lugares a los que necesitan desplazarse o que tienen que esperar demasiado para utilizar las infraestructuras de carga rápida.

En este sentido, el análisis realizado revela que solamente en una de cada siete estaciones de recarga de la UE existe un punto de carga rápida. Por tanto, solamente 28.586 puntos son adecuados para ello, mientras que los puntos de recarga normal llegan a 171.239.

No obstante, muchos de ellos son tomas de corriente comunes y tienen tan poca fuerza que no son adecuados actualmente para una recarga a ritmo normal, como los existentes en los garajes.

Distribución desigual

El informe también aclara que la infraestructura existente está muy mal distribuida, pues cuatro países acumulan el 75% del total de puntos de recarga de la UE: Países Bajos, Alemania, Francia y Reino Unido. El más avanzado en este ámbito, Países Bajos, tiene hasta 1.000 veces más puntos de recarga que el país con una infraestructura menos desarrollada, Chipre, que cuenta solo con 38.

A la vista de todo esto, la Asociación ha pedido a la Comisión Europea una revisión de la Directiva de Infraestructuras para Combustibles Alternativos de la UE, como parte de su plan de recuperación de la crisis sanitaria, con objetivos de implementación claros y vinculantes para todos los Estados Miembros.