Para la Asociación de Transportistas Autónomos, ATA, muchas de las decisiones políticas que se están adoptando en la actualidad van dirigidas a implantar un modelo que «no resulta viable tecnológicamente para la industria, ni operativo para el profesional», que se ve incapaz de asumir los elevados costes o la falta de infraestructuras de recarga.

La industria asegura que el modelo eléctrico no estará plenamente operativo en vehículos de más de 7.500 Kg hasta dentro de al menos 10 años. «Las cuentas no salen«, pues el transporte está sujeto a un determinado calendario y muchos vehículos ya tienen prohibida la circulación por ciertas zonas.

Sin embargo, es en los vehículos de menos de 7.500 Kg donde el problema comienza a ser urgente. En este caso, la falta de zonas de recarga y el precio de los modelos disponibles están condicionando el mercado de los eléctricos y la renovación de flotas.

Por ello, la industria no termina de apostar por el camión eléctrico, pero en opinión de ATA, también los vehículos a gas generan dudas, pues «son cada vez más los informes que ponen en duda el gas y que incluso dicen que en algunos casos contamina más que el diésel«, sobre todo en cuanto a vehículos Euro 6 de última generación.

Además, los transportistas autónomos denuncian que las administraciones se están limitando a «prohibir la circulación de determinados vehículos«. Para ellos, los Planes de Movilidad «no deben limitarse solo a establecer prohibiciones, deben dar alternativas de futuro«.

Al mismo tiempo, es importante que se fomente la compra de vehículos con nuevas ayudas y se garantice el futuro de las inversiones a realizar. Más pronto que tarde, el Gobierno «deberá tomar cartas en el asunto» e incentivar la compra de un modelo u otro de vehículos, diseñando una hoja de ruta que no esté expuesta a cambios políticos o modas pasajeras.